Colombia enfrenta diversos desafíos en materia de telecomunicaciones. A finales de 2023 se concretó la licitación 5G. Claro, Tigo junto a Movistar, WOM y Telecall se hicieron de espectro para desplegar redes de esa tecnología. Claro comenzó a desplegar infraestructura de quinta generación en las principales ciudades, lo mismo que Tigo-Movistar, que obtuvieron el permiso regulatorio para participar del proceso de manera conjunta. A mediados de 2024 WOM debió reestructurar su deuda, y a finales de ese mismo año salió de esa situación gracias al ingreso de un nuevo inversor y al rescate del Gobierno de Colombia. A principios de 2025 se supo que Telecall no había pagado por el espectro 5G adjudicado. El futuro de sus operaciones en este país es incierto.

En el primer año de la adjudicación del espectro 5G, Colombia contabilizaba más de 2 millones de clientes bajo esa tecnología. Claro está desplegando 5G FWA en zonas urbanas de este país. Las áreas remotas están siendo atendidas a través de acuerdos con Starlink.

Movistar y Tigo están dando cuenta de los beneficios de operar con una red móvil compartida, la primera de la región. El antecedente sobre infraestructura compartida en este país se había dado a partir del surgimiento de On Net Fibra. En paralelo, a principios de 2025 se estaba esperando el pronunciamiento de las autoridades sobre la oferta de compra de Movistar Colombia por parte de Millicom.

La evolución de la banda ancha es sostenida desde 2019, aunque la fibra óptica todavía está lejos de ser la dominante en este segmento.

El gobierno del país continúa comprometido con el cierre de la brecha digital. Las acciones encaradas desde la Agencia Nacional de Espectro (ANE) para que el MinTIC disponibilice más bandas se orienta en ese sentido. El objetivo de la gestión que concluye en 2026 es alcanzar el 85 por ciento de cobertura de la población con servicios de telecomunicaciones. Busca, entre otras cosas, que los procesos de asignación de espectro sean ágiles y no se extiendan más allá de los seis meses.

También promueve el desarrollo de la inteligencia artificial a través del programa Colombia PotencIA. Y avanza en la redacción de una Ley de Datos que permita contar con el insumo suficiente para promover una inteligencia artificial con contenido local y regional.

Todo esto se ancla en la declaración de Internet como servicio público esencial, decisión tomada en 2021. La iniciativa respondió no sólo a la necesidad del país de alcanzar a los no conectados, objetivo que también inspiró a normas anteriores, sino también a la evidente necesidad de acceso a Internet que desnudó la pandemia de covid-19.