El camino hacia la quinta generación móvil en Costa Rica es decidido y programático: a tres meses de haber concluido su proceso de subasta de recursos espectrales, en bandas bajas, medias y altas, se otorgaron las concesiones a los siete operadores que participaron de la contienda, tal como estaba previsto en el cronograma oficial. En ese escenario de alegría, aún hay incertidumbre sobre la implementación del Reglamento de Ciberseguridad y se conocieron análisis que cuestionan la etrategia que habría acordado Racsa con Grupo ICE para llevar adelante su despluiege 5G.
La subasta 5G en Costa Rica
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (Micitt) confirmó en el diario oficial La Gaceta -disponible aquí– los acuerdos ejecutivos de otorgamiento de las concesiones de frecuencias el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones mediante la implementación de sistemas móviles IMT, incluyendo las redes de quinta generación (5G).
Se trata de un paso burocrático, que antecede a la suscripción de contratos con los siete operadores de telecomunicaciones interesados en el concurso y que posibilitará el despliegue de las redes, pero que se concreta luego de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) elevara su informe con la recomendación de adjudicación.
La subasta se había realizado en dos fases, una con fines de cobertura nacional, en la que participaron Claro y Liberty y que involucró una recaudación de 32 millones de dólares con el compromiso de desplegar 3.104 radiobases; y otra, con foco regional en la que intervinieron el ISP Ring Centrales y las cuatro cooperativas de electrificación rural: Alfaro Ruiz, San Carlos, Guancate y Los Santos, que desembolsaron 1.563.055 dólares para desplegar 200 radiobases.
Fuente: Micitt
“La implementación de la tecnología 5G en Costa Rica representa un logro no menor para el desarrollo y la competitividad de nuestro país. Su impacto será profundo, al potenciar la productividad, fomentar la innovación en múltiples sectores y elevar la calidad de vida de la población”, dijo Hubert Vargas, viceministro de Telecomunicaciones, y agregó que esta apuesta “ampliará las oportunidades en la economía digital y consolida el enfoque de desarrollo rural impulsado por la actual administración”.
En su comunicado, el Micitt resaltó el esfuerzo realizado junto a la Sutel en todo este proceso, al que caracterizó de “innovador y transparente” y que logró comprometer el despliegue de 3.373 unidades de infraestructura de acceso en zonas poco o nada cubiertas de conectividad, que demandarán de un desembolso de 310 millones de dólares y que posibilitará que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) recaude alrededor de 35 millones de dólares.
Si, la ecuación en la que se apostó en Costa Rica fue destinar el 90 por ciento del valor del espectro a la construcción de radiobases en las zonas menos favorecidas del país, mientras que el 10 por ciento restante del valor se tradujera en recursos genuinos para el Fonatel; inspirados en el exitoso modelo desarrollado en Brasil.
“Estos recursos estratégicamente dirigidos a zonas de baja conectividad son el reflejo de nuestro compromiso con una verdadera inclusión digital que mejore la calidad de vida de todos los costarricenses, impulsando a diversos sectores como la educación, la salud y la economía del futuro, entre otros”, dijo Paula Bogantes Zamora, titular del Micitt.
En adelante, el plan contempla que, tras firmarse los contratos, los operadores puedan iniciar sus despliegues a partir de julio. Quedará, para el segundo semestre del año y los sucesivos, corroborar que esos compromisos se concreten. El otro tema pendiente está dado por el espectro remanente y la posibilidad de que fuera ofrecido en una nueva contienda, aunque dirigida para el uso de redes privadas exclusivamente.
¿Y el ICE?
El Grupo ICE acaba de presentar los resultados de su ejercicio 2024 y las perspectivas para 2025. En él, precisa que aspira a lograr la renovación de sus espacios en torreras por hasta 15 años (a 2039), “considerando los objetivos estratégicos del Grupo ICE y la necesidad de dar continuidad a los servicios de telecomunicaciones existentes, así como mantener esa infraestructura para desplegar e implementar la tecnología 5G”.
Imagen creada con IA
Además, el reporte -disponible aquí- explica que la Gerencia de Telecomunicaciones “conformó un equipo multidisciplinario, liderado por la Dirección del Programa General 5G, con el objetivo de determinar una propuesta sobre las alternativas que se pueden llevar a cabo para la puesta en marcha de los servicios con tecnología 5G por parte del Grupo ICE, mediante el análisis comercial, técnico, financiero, ambiental y legal; con el cual se pretenden mitigar los impactos que se han presentado, debido a la suspensión de la adjudicación del proceso de compra para los equipos y servicios, que permitan implementar una red Stand Alone 5G y de esta forma, satisfacer la necesidad de evolucionar la tecnología móvil, que actualmente se brinda, para responder a las exigencias del mercado”.
Inclusive, precisa que el 5 de febrero de este 2025, su Consejo Directivo aprobó el plan delineado para la puesta en marcha de los servicios móviles 5G, mediante “la suscripción de un contrato de acceso de interconexión mayorista (OMV) con la empresa RACSA, con el fin de iniciar la comercialización de los servicios móviles 5G, mediante la infraestructura ya desplegada, a la cual se deberá realizar una serie de evoluciones para que soporte dichos servicios, que ya se encuentran en implementación”. Además, aclara que “paralelamente, se continúan los esfuerzos para la construcción de la red 5G Stand Alone del ICE”.
Sin embargo, un artículo publicado por Semanario Universidad, que dio cuenta de este acuerdo entre Racsa e ICE para implementar 5G, alertó sobre un posible sobreprecio en el costo de alquiler. Estimó que el valor de arrendamiento de 200 radiobases será un 400 por ciento más caro que el costo establecido en el territorio, en una subasta en la que el ICE no pudo avanzar por estar frenado por procesos judiciales.
En aquella investigación -disponible aqui– se ejemplifica la relación de precios: “El costo total del contrato con Racsa es un 82,34 por ciento más alto que la propuesta más barata de esa licitación, presentada por la empresa Huawei, por un total de $37.130.963,47. Sin embargo, lo establecido en el proceso de contratación del ICE implica la puesta en marcha de 553 radiobases, en vez de solo 200. Así, el costo por unidad presentado por la empresa china sería de $67.144,60, lo que quiere decir que la oferta de Racsa es, por lo menos, un 404,17 por ciento más cara”.
El tema, que supone un gran debate en el país, es sencible y TeleSemana.com ya cursó los pedidos de información correspondientes para dar cuenta del caso. Mientras, y a modo de contexto, es oportuno recordar que hace un semestre, Racsa lanzó el servicio de 5G de acceso fijo inalámbrico (5G FWA, por sus siglas en inglés), con equipamiento de Nokia y cuyo primer objetivo fue desplegar 170 estaciones base en zonas urbanas y rurales.
La ciberseguridad ¿una piedra en el zapato?
Cuando se delinearon los primeros pasos de esta estrategia, el país desarrolló un reglamento de ciberseguridad único en su tipo, establecida en el Decreto Ejecutivo N.º 44196-MSP-MICITT, de agosto de 2023, tendiente a elevar al máximo los estándares de ciberseguridad existentes en el país y prevenir situaciones de vulnerabilidad crítica como la que habían tenido al comienzo de ese mismo año.
Aún eran días de pandemia y el comienzo de la actual administración de gobierno, cuando un ataque informático inhabilitó el acceso a las bases de datos de seis instituciones públicas: los ministerios de Hacienda; de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); de Trabajo y Seguridad Social, como también del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).
La salida de aquella compleja situación fue múltiple, requirió el apoyo internacional, como el ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea, y Estados Unidos, entre otros.
Puertas adentro del país, también aquel Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores fue muy cuestionado por la inseguridad jurídica que representaba para la industria, a la vez que avalado en múltiples instancias judiciales.
La última de ellas fue hace dos meses, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de San José, rechazó el pedido de suspensión de la aplicación solicitado por Huawei, una de las primeras empresas que fueron señaladas por su posible afectación.
Sin embargo, la aplicación aún está frenada y es otro de los temas en los que la administración de Gobierno está concentrada en destrabar.
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