Atacar una red de telecomunicaciones e impedir que se brinden servicios será un acto de terrorismo en Brasil. Así lo contempla un proyecto de ley que apunta a modificar la norma de infraestructuras críticas, para reforzar su protección y profundizar la lucha contra los delitos que se cometen sobre ellas. El tema está en la agenda local desde hace varios años, aunque con recientes avances.
Se trata de una iniciativa que está siendo discutida en el Congreso de este país y que es apoyada por el amplio abanico de entidades de telecomunicaciones. En los últimos meses, las redes de Internet sufrieron diversos ataques que impidieron la normal provisión de la conectividad a la ciudadanía en distintas zonas, y los proveedores de Internet no se quedaron de brazos cruzados.
Infraestructura de telecomunicaciones – Pixabay, Analógicus
Conexis Brasil Digital, ConTIC, TelComp, Abramulti, Abrint, Apronet, NEO, Internetsul y Redetelesul están apoyando el proyecto de ley N° 1283/2025 destinado a proteger las infraestructuras críticas. El diputado federal Danilo Forte (União-CE), a cargo de la redacción de este texto, propone modificar la Ley Antiterrorista N° 13.260, aprobada en 2016, y tipificar como actos de terrorismo las acciones de grupos criminales y milicias que las afecten.
El legislador considera como terrorismo los ataques a las infraestructuras críticas y la interrupción de servicios esenciales, como los de Internet y telecomunicaciones en general, dentro de un conjunto de otras prestaciones esenciales. Hospitales, aeropuertos, estaciones de transporte, instalaciones militares, redes de telecomunicaciones, de energía y demás forman parte de las infraestructuras críticas y servicios públicos a resguardar. Su interrupción o sabotaje será considerada terrorismo.
Para Conexis, es importante que se incluya “un aumento de las penas para los casos en que los servicios esenciales se vean interrumpidos u obstaculizados por actos terroristas, dado que nos enfrentamos a situaciones extremas que privan a la sociedad del derecho a la comunicación y al acceso a servicios esenciales”, sostuvo en un comunicado.
Acciones integrales
Las entidades que firmaron el apoyo a esta modificación normativa subrayaron la importancia de contar con medidas legales efectivas para prevenir cualquier acción que perjudique no solo a los servicios y proveedores, sino sobre todo a la población, las empresas y a toda la sociedad, que dependen de la comunicación y la conectividad.
La actual Ley Antiterrorista tiene como objetivo combatir el crimen organizado y las milicias privadas que recurren a tácticas terroristas para imponer su poder y desafiar al Estado. Por ese motivo, el proyecto -que puede leerse desde acá– prevé ampliar la definición de terrorismo, además de tipificar de manera expresa las acciones de grupos criminales y milicias.
Imagen creada con IA
Se incluye, además, un agravante por el uso de medios cibernéticos. Quienes utilicen medios electrónicos para cometer estos actores de terrorismo recibirán sanciones un tercio más altas que las actuales. Un ciberataque, en este escenario, será considerado un acto de terrorismo. Modalidad que en la región está siendo cada vez más frecuente, con el caso de Costa Rica como testigo de la necesidad de trabajar profundamente en el tema.
Los apagones, como el que están sufriendo este lunes en España y Portugal, o como el que soportó Chile a finales de enero parecen estar obligando a los países a tomar nuevas medidas para proteger las infraestructuras críticas. Un corte de energía siempre se traducirá en un corte de servicios de telecomunicaciones si se extienden durante más tiempo que el que soportan las baterías. Es uno de los temas que se está discutiendo en Chile para garantizar la conectividad ante emergencias de este tipo. Si eventualmente estos incidentes son producidos con intencionalidad, la normativa deberá contemplar los comportamientos criminales de los tiempos actuales.
En lo que a telcos respecta, en Chile existe una legislación afin desde hace un año,mientras que en la Argentina es más reciente.
Robo de cables y compartición de redes
Junto al posicionamiento en relación a este proyecto de ley, Conexis también recordó otros temas que la entidad viene instalando en la agenda del sector, como los vinculados con el robo de cables. Semanas atrás se aprobó en el Senado el proyecto de ley N° 4.872/2024 para agravar y penalizar el hurto y robo de cables y equipos de telecomunicaciones, una constante en distintos países de la región.
Esa iniciativa, promovida por el senador Marcelo Castros (MDB-PI), pasó a la Cámara de Diputados, razón por la que en esta oportunidad, la entidad volvió a solicitar la aprobación en este recinto para que la justicia cuente con herramientas concretas para combatir este crimen. “En un mundo cada vez más dependiente de los servicios digitales, estos actos delictivos también comprometen servicios públicos como la policía, los bomberos y las emergencias médicas”, dijo la entidad en ese momento.
Imagen: Dabarti CGI/Shutterstock
La entidad no se conforma, sin embargo, con que se sancionen las leyes. También solicitó una acción coordinada en materia de seguridad pública que involucre a los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, tanto a nivel federal, estatal y municipal, con el objetivo de combatir estas prácticas delictivas. Entienden que estas herramientas tienen verdadero sentido cuando se las usa de manera integral.
Que Conexis Brasil Digital concentre energías en la cuestión de la infraestructura no es casual. La entidad es una de las que más acciones encara cuando considera que una normativa está impidiendo el crecimiento del sector. En ese sentido, el director de Conexis Brasil Digital, Marco Ferrari, se refirió a otras normativas vinculadas con el sector. Y destacó la eliminación de la distancia mínima obligatoria de 500 metros entre torres porque, además de haberle traído beneficios directos al sector, también se vieron favorecidos los consumidores, gracias a un incremento en la compartición de torres.
En diálogo con el medio especializado TeleSíntese, el ejecutivo sostuvo que “el número de operaciones de compartición aumentó significativamente, casi un 2000 por ciento tras la derogación del artículo 10” de la ley N° 11.934/2009.
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