El Parlamento de Perú aprobó la iniciativa legislativa que apunta a garantizar la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de controles y sanciones a la venta ambulante de SIMs y servicios móviles, y su posesión ilegal, pero eliminó la tipificación penal que proponía encarcelar a los ejecutivos de los operadores móviles. Sin embargo, el sector sigue atento. TeleSemana.com conversó con Juan Pacheco Romaní, gerente General de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), una de las entidades que intervino de forma activa en la discusión, y advirtió que hay poca efectividad en materia de seguridad ciudadana porque “existe un gran desconocimiento en materia de telecomunicaciones”.
La propuesta, el debate
Los legisladores peruanos necesitan resolver problemas de seguridad ciudadana y, para ello, apuntaron a establecer diferentes mecanismos punitivos y preventivos del delito, entre los que identificaron la urgencia de introducir al sector de las telecomunicaciones como actor parte, pero también punible.
Entre estas medidas, hace pocos meses se instrumentó el varias veces debatido proceso de identificación de abonados y de vendedores de dispositivos móviles para fortalecer la lucha contra la extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos de impacto, conocido como Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). En el portal oficial de este registro –aqui– hay indicadores concretos del robo de celulares.
Tal como lo adelantó TeleSemana.com, a estas iniciativas se sumó la debatida y aprobada Ley 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR con texto sustitutorio. La sesión, realizada este 10 de abril, en el Congreso de la República de Perú por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión de Defensa del Consumidor y los organismos reguladores de los servicios públicos, apuntó a consolidar la letra que modificara la Ley 30096 de Delitos informáticos, y el Código Penal, Decreto Legislativo 635, respecto a la activación ilegal de líneas de servicios móviles y a la posesión ilegal de SIM Card. Entre ellos, uno de los elementos más sorprendentes de la iniciativa, radicaba en la posibilidad de penar con la cárcel a los ejecutivos de los operadores móviles de las cuales se vendieran SIM Cards de forma ambulante e ilegal. Esta tipificación penal se quitó.
Foto de Hasan Almasi en Unsplash
TeleSemana.com accedió al documento consensuado y aprobado en el pleno legislativo de Perú. En él se observa que el inciso 272-A.2 que sancionaba a los ejecutivos de los operadores, cambió. Donde se leía que “será reprimido con igual pena, el director, administrador o gerente de la empresa prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones que participe con dolo o culpa en el planeamiento, realización, ejecución o control de acciones que conlleven a la comercialización o contratación a la que se hace referenda en el párrafo 272-A.1″, ahora dice: “El que ofrezca, promocione, comercialice o realice contrataciones de servicios públicos móviles de forma ambulatoria o en la vía pública, salvo aquellos casos que la norma lo autorice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con una multa de trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta dias multa”.
“A priori, por lo pronto, la tipificación penal para los ejecutivos de operadores se quitó. Eso no quiere decir que el proyecto sea bueno. Creemos que hay errores en la forma de enfrentar este tema, porque lo que se debe sancionar es el fraude, el dolo, es decir, la mala intención en la contratación del servicio; y eso no está tan claro porque está más orientado a la actividad de la venta ambulatoria”, dijo Pacheco Romaní y apuntó un dato de contexto: “¿Qué cosa es una venta ambulatoria en un país donde el 70 por ciento de la economía es informal?”.
“Se pidió que se retirara, específicamente, la responsabilidad de los directores y representantes de las empresas, por ser una penalización que se está haciendo de la actividad. Eso se retiró y también se corrigió la tipificación penal que se estaba haciendo del error administrativo, vinculado al registro de una contratación. Esto último era claramente un error, porque el error es un vicio de la voluntad, pero no necesariamente un delito porque no constituye una voluntad de hacer algo contra la Ley”, explicó el gerente de AFIN sobre un proyecto que recibió doble votación y que está en camino al Poder Ejecutivo. Su posterior reglamentación correrá por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), última estación considerada “oportuna para precisar cosas que han quedado como interrogantes”.
“Es una muestra más de una tendencia, vinculada al desconocimiento que existe de las telecomunicaciones y a la poca efectividad que estamos teniendo con el tema de seguridad ciudadana en el país”, dijo el responsable de AFIN y planteó que se mezclan nociones disímiles. Por ejemplo, la mala fe y la venta ambulante. “¿Cómo se relaciona esto con actividad informal? Por el mal entendimiento de recoger temas administrativos en iniciativas legislativas”.
A este escenario, se suma el Renteseg, que está próximo a cumplir un semestre en funcionamiento y que, para AFIN, “no ha tenido los resultados esperados porque no se entiende bien la tecnología”. En ese balance, Pacheco Romaní planteó algo tan llano como evidente: que este registro apunta a tener vinculadas a todas las líneas móviles con personas usuarias, sin considerar alternativas como que una persona pueda tener varias a su nombre o que, sencillamente, la persona dedicada a actividades ilícitas no registre los teléfonos a su nombre. Básico.
“El problema surge cuando se procede con una investigación porque allí se encuentran estas diferencias (de que el titular no sea el responsable de la actividad), comienzan los conflictos y a criminalizar a los titulares; es un problema de técnica de investigación. El Renteseg ha invertido la carga de la prueba y ahora, aquel teléfono que no esté registrado en esta lista blanca, será desactivado. Y debe ser al revés”.
Lo que sorprende al sector es que ya existen recomendaciones elevadas para mejorar la confianza digital, que está disponibles en la web del gobierno local –aqui– y que fueron realizadas en mesas de trabajo multisectoriales, entre los sectores público y privado y actores como “el Ministerio del Interior, la Policía, la Fiscalía, la Autoridad de Datos, el Osiptel, el MTC, los operadores, la Asociación de Bancos, pero no hemos visto que se haya avanzado en estas medidas y eso sí nos genera preocupación”, dijo el responsable de AFIN.
Mucho de todo este escenario puede explicarse en el poblema de institucionalidad que parece Perú desde hace años. “La Secretaría de Gobierno Digital cambió de titular y dejaron de lado estos temas. El Ministerio del Interior tiene cambios permanentes y recurren a lo que entienden que es más sencillo, o lo que entienden que es una solución” ejemplificó Pacheco Romaní y valoró que se están “confundiendo los temas regulatorios con los temas de seguridad ciudadana, que no se debió dar”.
Las referencias internacionales
México, Honduras y Colombia trabajaron en sus respectivos parlementos iniciativas de este tipo, que buscaron regular la venta de SIMs para detener el robo, la extorsión y otros delitos pero cuya letra generó más contrapunto que consensos.
Imagen: ROBIN WORRALL/Unsplash
En el caso de México, hace tres años el país debatió sobre la legalidad, los alcances y la pertinencia de crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue invalidadidado por inconstitucionalidad por la Corte Suprema local. Entre los argumentos, se destacó que había una “injustificable violación al derecho a la intimidad de las personas”, además de la problemática que significaría la potencial vulnerabilidad de su sistema.
En Honduras también hubo iniciativas en ese sentido. Hace dos años, se debatió una propuesta similar a la del Panaut, que fue cuestionada por la GSMA.
En el caso de Colombia, que según Romaní fue el modelo inspirador del que se debate en Perú, data de 2023. Se trata del Proyecto de Ley N°176 de 2023 del Senado, para crear el registro e identificación de usuarios finales de tarjetas SIM y eSIM o las tecnologías que las reemplacen. La iniciativa -disponible aquí– apunta a regular la venta y activación de SIMs y propone que los compradores deban proporcionar su identificación biométrica (huellas dactilares o reconocimiento facial) para dificultar el uso de los servicios móviles con fines delictivos.
Pero en Perú se avanza con la creación de esa base de datos y para Romaní hay más preguntas qué respuestas. ¿Qué pasa con las personas mayores que no puedan ir a validar su línea o, con quienes usan para trabajar un equipo que no les pertenece? ¿Qué pasa con los dispositivos que se compran en otros mercados? ¿Qué pasa con los dispositivos de los turistas o viajeros que ingresan al país?
Ahora, la expectativa está puesta en la reglamentación que haga el MTC: “Creemos que el ministerio tiene mayor conocimiento del sector que el legislador, y podrá tener más puntería para reglamentarla. Y ese es el problema que estamos viendo, una tendencia de introducir modificaciones regulatorias a través de leyes en el Congreso, que no necesariamente tienen el conocimiento sectorial y que generan distorsiones. En lugar de avanzar en cerrar la brecha de conectividad porque hay tres millones de peruanos que no acceden a Internet, de facilitar el acceso a computadoras, a smartphones, a tablets, y las habilidades digitales que también faltan, estamos confundidos todos en este tipo de luces que generan mucha tensión pero que tienen pocos resultados”.
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