El mundo mira a Estados Unidos porque la batalla de la geopolítica y la guerra comercial que se planteó desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump, con una imposición arancelaria que amenazó con llevar al cataclismo bursátil a los indicadores globales, parece entrar en un período de ¿negociación?. En esas jornadas vertiginosas, también hay debates de forma y de fondo puertas adentro de la administración local, a la vez que en la Comisión Federal de Comunicaciones de ese país (FCC, por sus siglas en inglés) se analiza la posibilidad de eliminar el Fondo 5G para las zonas rurales del país (Fondo 5G). Todo tiene que ver con todo.
¿Se elimina el Fondo 5G?
Desde el comienzo de la década, Estados Unidos trabaja en el desarrollo de redes rurales de comunicación a través de un mecanismo conocido como Fondo 5G para distribuir el apoyo al servicio universal y llevar la banda ancha móvil 5G a zonas rurales que, de otro modo, tendrían pocas probabilidades de implementarlo. Esta iniciativa tuvo un primer impulso en las expectativas de que la quinta generación móvil sería un calatizador de la economía y para ello se articuló un presupuesto de 9.000 millones de dólares. Hace siete meses, bajo la rectoría de la anterior administración de gobierno estadounidense, se lo reactivó, inclusive, para impulsar Open RAN.
Hoy, y ante la necesidad de hacer un llamado público de subasta inversa para alimentar el Fondo 5G pero en un escenario local diferente (en el que la FCC revisa muchos de sus lineamientos y apuestas), varios actores plantearon la necesidad de instrumentar cambios. Entre ellos se encuentran la Asociación Rural Telecomunicaciones Inalámbricas (RWA, por sus siglas en inglés), y la Coalición de Operadores Rurales de Telecomunicaciones Inalámbricas (CRWC, por sus siglas en inglés). que ya se habían manifestado al respecto del Fondo 5G en febrero (aquí) y enero (aquí), respectivamente, y a los que ahora se sumó T-Mobile.
En una reciente declaración -disponible aquí y fechada el 31 de marzo-, el operador le sugirió al regulador eliminar el programa Fondo 5G, y recordó las inversiones realizadas construir su red 5G en el país, con la que cubre al 98 por ciento de la población local, por valorar que “sería un desperdicio” y una “ineficiencia”.
“Aplazar la subasta del Fondo 5G no solo amplía el alcance de cada subsidio y mejora la eficiencia, sino que también garantiza una mejor coordinación entre los programas federales de banda ancha”, dijo y coincidió con la importancia de “promover la implementación generalizada del 5G para llegar a zonas que, de otro modo, resultarían poco rentables”.
Sin embargo, propone apostar por otros mecanismos: “Para lograr este objetivo, evitando el despilfarro y la posible sobre construcción, la Comisión debería aplazar la subasta del Fondo 5G hasta que se hayan adjudicado al menos todas las subvenciones de BEAD (N. de R.: siglas en inglés del programa Acceso e Implementación de Banda Ancha Equitativa) y las adjudicaciones federales y estatales relacionadas. Entonces, podrá determinar con claridad dónde, si es que se necesitan, se requieren subsidios federales para llevar el poder transformador del 5G a zonas que, de otro modo, resultarían poco rentables”, dijo el operador.
El pedido no es ocioso. T-Mobile hizo muchos esfuerzos para establecer conexiones inalámbricas directas al celular con operadores satelitales y, con ello, achicar esa brecha digital. Esta posibilidad fue anunciada hace dos meses, de la mano de Starlink, cuya potencialidad ya fue puesta al servicio de la comunidad local meses antes, tras el paso del Huracán Milton. Y ahora está a la puerta de la fase de comercialización.
Del ida y vuelta de los aranceles estadounidenses
A una semana del jueves negro (también llamado por Trump “Día de la liberación”), el rebote bursátil negativo y hasta la caída del valor del petróleo, Estados Unidos decidió modificar su afrenta arancelaria. Sí, toda la economía internacional parece estar mirando en una única dirección.
Tras ese derrotero, la administración estadounidense unificó la tasa arancelaria en el 10 por ciento para todas las importaciones (con la excepción del 25 por ciento que aplica al acero, el aluminio y los autos) y una tregua de 90 días para empezar a aplicarlos. Esta instancia aperturista no se dio sin que Trump declarara, con un lenguaje poco afortunado, que sus pares internacionales peticionaban negociar.
La otra excepción fue China, cuya tasa ascendió hasta el 125 por ciento, y cuya respuesta fue en el mismo nivel de reciprocidad al aplicarle el 84 por ciento de impuesto a las importaciones provenientes de Estados Unidos. Esto no impidió que sus funcionarios declararan a esta coyuntura como una grave violación a los acuerdos de comercio internacional.
A su vez, la Unión Europea, que sufría aranceles del 20 por ciento por sobre todos sus productos y que había contraatacado con imposiciones de aduana recíprocas del 25 por ciento por sobre 180 productos estadounidenses a partir del 15 de abril, celebró tregua por advertirla como una señal de buena voluntad y también suspendió su tasa. Desde luego, esta pausa depende del fruto de las negociaciones. Inclusive, el viejo continente apuntala el robustecimiento de su infraestructura de comunicaciones basada en la soberanía, la resiliencia y la seguridad.
A todo este contexto, se suma un condimento. Peter Navarro, principal asesor comercial de Donald Trump e ideólogo de la estrategia actual estadounidense, cuestionó el rol de Elon Musk, creador de Tesla y de Starlink, entre otros, además de funcionario estrella de la actual administración designado al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
En una entrevista ofrecida al canal CNBC, Navarro aseguró que “no es un fabricante de automóviles”, sino que ensambla piezas importadas de Asia, defendió la cruzada arancelaria local y apostó a que, de este modo, se “arreglará un sistema de comercio internacional que está roto”.
Imagen: Matt Artz/ Unsplash
No son buenos días para Musk. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) investiga a DOGE por el uso de los datos de agencias federales, a los que tiene un acceso tan exclusivo como cuestionado.
Por estas horas, según publicó Wired (aquí), la agencia independiente de investigación del Congreso local GAO, habría solicitado información a diversas agencias federales alcanzadas por DOGE (como los Departamentos de Trabajo, Educación, Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, el Tesoro y la Administración del Seguro Social) por el “mal uso potencial o real de los sistemas o datos de la agencia”, como también documentación afín.
La auditoría estaría centrada en el cumplimiento de DOGE de las leyes y regulaciones de privacidad y de protección de datos vigentes, algo que enciende todas las alarmas a un problema que ya había sido planteado a comienzo de año, cuando la potestad de acceso fue otorgada.
La disputa entre dos funcionarios cercanos al ejecutivo estadounidense evidencia, sin mucho prurito, que el impacto de una política tan restrictiva al comercio internacional genera muchas dificultades a propios y a ajenos. Con todo y de momento, los “daños colaterales” de la guerra comercial a la que asiste el mundo, parecen cada vez más graves y profundos; inclusvie porque condicionan las estrategias que se puedan, o no, vehiculizar en los territorios.
Pero la semana aún no terminó y, dadas las circunstancias globales, esta historia continuará…
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