Perú propone una legislación que podría encarcelar a los ejecutivos de los operadores móviles

¿Es posible criminalizar la prestación de servicios de telecomunicaciones? ¿Dónde empieza y dónde termina la responsabilidad del operador de telefonía móvil en materia de seguridad ciudadana? ¿Si alguien comete un delito con un auto, la responsabilidad recae en la concesionaria? Éstas y otras preguntas se hacen por estas horas en Perú, donde la cuestión regulatoria vinculada a la seguridad civil enfrenta posiciones entre ejecutivos de operadores móviles y legisladores.

Sucede que esta semana, el Congreso peruano se dispone a discutir tres proyectos legislativos en los que se propone penar (con cárcel incluída) a los directivos de empresas de telecomunicaciones móviles por la promoción y comercialización de servicios móviles, cuando sus usuarios cometen delitos; entre otras acciones. Y el planteo es tan serio que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) salió a alertar que, en lugar de detener el delito, se frenará el acceso a la conectividad. Además, cuestionó la “criminalización” de la prestación de servicios.

Las propuestas, al detalle

Se trata de tres proyectos legislativos que se presentarán este jueves 10 de abril en pleno del Congreso peruano y que, en caso de aprobarse, castigarán con cárcel a los ejecutivos de los operadores de telecomunicaciones.

En detalle, se trata de los proyectos de ley N° 9136/2024-CR, que modifica la Ley de delitos informáticos y posesión ilegal de SIM Cards N°30.096; N° 924W2024-CR, que sanciona la tenencia ilegal de dispositivos móviles y tarjeta SIM; y N° 9656/2024-CR, que penaliza la activación de tarjetas SIM sin consentimiento del titular; debatidos y aprobados en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 13 de diciembre de 2024.

TeleSemana.com accedió a los proyectos y un rápido resumen de su letra explica que:

• El proyecto de ley N°9136/2024-CR, por ejemplo, tiene dos artículos con los que busca incorporar en la normativa de delitos informáticos que la activación y la posesión de ilegal SIM cards (físicas o virtuales) sin el consentimiento del titular involucrará una condena de prisión de entre cuatro y ocho años, con inhabilitación; pero que también alcanzará a quien facilite, adquiera, posea y/o comercialice uno o más SIMs cards activados ilegalmente o teléfono móvil con SIM card virtual a sabiendas que se encuentran activados ilegalmente.
• El proyecto de ley N°9240/2024-CR, a su vez, pondera ocho artículos vinculados, por ejemplo, a tipificar el delito para proteger los derechos de los ciudadanos y su seguridad, penar con entre 10 y 14 años a la tenencia ilegal de dispositivos móviles y tarjeta SIM reportados como robados, perdidos o extraviados; con agravantes para funcionarios públicos o trabajadores de la seguridad.
• El proyecto de ley N°9656/2024-CR, también cuenta con dos artículos para penar la activación no autorizada de tarjetas SIM o líneas de servicio móvil y la comercialización ilegal de servicios móviles y de tarjetas SIM.

En el dictamen que se discutirá este jueves se precisa que a los ejecutivos de los operadores también les recaería una pena. En el inciso 272-A.1 dice que “el que ofrezca, promocione, comercialice o realice contrataciones de servicios públicos móviles de forma ambulatoria o en la vía publica, salvo aquellos casos que la norma lo autorice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con una multa de trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días de multa”.

Y continúa con el inciso 272-A.2 donde advierte que “será reprimido con igual pena, el director, administrador o gerente de la empresa prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones que participe con dolo o culpa en el planeamiento, realización, ejecución o control de acciones que conlleven a la comercialización o contratación a la que se hace referenda en el párrafo 272-A.1″.

El reclamo de AFIN

“Es injusto responsabilizar a las empresas móviles cuando son las que han llevado conectividad a los lugares más elejados del país, alcanzando más de 42 millones de líneas móviles activas” dice el comunicado publicado por AFIN y advierte que esto ahuyentará la inversión del sector, en días y horas en que se prevé el desarrollo de la quinta generación móvil en el país y en un territorio en el que aún hay tres millones de desconectados.

“AFIN exhorta al Congreso reconsiderar estas propuestas y enfocarse en soluciones reales que fortalezcan la verificación de datos y ataquen la raíz de la criminalidad, sin castigar a quienes impulsan la conectividad en el país” dice la misiva y recuerda que “es clave garantizar la seguridad jurídica para asegurar más inversión y más acceso a Internet para todos los peruanos”.

Es interesante, además, porque la carta -cuyo contenido completo está disponible aquí– ofrece una mirada de derecho comparado y detalla que países como México, Argentina o Chile no poseen legislaciones que castiguen a los ejecutivos de las operadoras por la comercialización ambulatoria, sino que se apuesta por fortalecer los controles y doblar los esfuerzos administrativos.

Hay otras propuestas y medidas posibles

En noviembre de 2022, el gobierno publicó el informe final del grupo de trabajo multisectorial en el que especialistas de la industria y la sociedad civil abordaron y propusieron acciones y medidas tendientes a “fortalecer la confianza digital en el país”. Aquel trabajo -disponible aquí– ofreció 34 propuestas de medidas técnicas, operativas y 40 propuestas de medidas regulatorias (modificación de normas con rango de ley y de menor rango); así como recomendaciones más generales para abordar el tema.

Entre las reformas regulatorias propuestas se plantea modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor para reforzar las medidas que garanticen la debida diligencia de las operadoras para hacer cumplir los procedimientos seguros de contratación y el control de sus canales de ventas; o instrumentar la obligación para que las operadoras cuenten con un servicio de consultas en línea para que las entidades financieras puedan chequear la validez de los datos del usuario (o saber sobre dicha SIM hubo un pedido de  suspensión del servicio, por ejemplo).

También plantea la necesidad de modificar la Ley de Protección de Datos Personales para reforzar las reglas sobre la responsabilidad de los titulares de los bancos de datos, respecto del manejo y utilización de los datos personales de sus clientes, así como restricciones para compartir esos datos; contar con una Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital, y hasta modificar el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones para permitir bloquear el tráfico de llamadas entrantes cuando se identifique el enmascaramiento, la supresión o modificación de la información de una llamada entrante, entre otras posibilidades.

Inclusive, plante a que “acorde con la naturaleza de su objeto y funciones y, sobre todo, en consonancia con la magnitud y esencia de la problemática analizada, el Grupo de Trabajo tenga vigencia permanente, a fin de contar con un espacio de diálogo y coordinación técnica y estratégica permanente. Asimismo, se ha sugerido que se incorpore formalmente a otros miembros vinculados a la problemática analizada”, sin embargo, desde AFIN advierten que nada de esto fue instrumentado.

Con todo, hoy, a cinco meses del inicio del proceso de validación de datos de más de 42 millones de líneas telefónicas móviles activas en Perú, todo parece más difícil de articular y mediar que antes. Veremos qué pasa mañana.