Este miércoles parece ser un día decisivo para el presente y el futuro del Fondo de Servicio Universal de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará la defensa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del mecanismo que utiliza para financiar el acceso a la telefonía y a Internet de banda ancha a los estadounidenses de bajos ingresos y de zonas rurales, así como a otros beneficiarios.
Esta presentación se produce luego de que la FCC y una coalición de empresas de telecomunicaciones y grupos de interés apelaran el fallo de un tribunal inferior que determinó que la operación de financiación de la agencia impuso, en la práctica, un “impuesto desproporcionado” a los consumidores estadounidenses, violando la concesión de autoridad legislativa al Congreso, según la Constitución de Estados Unidos. Este es el caso más reciente que llega a la Corte Suprema que cuestiona la facultad de las agencias federales. Un proceso de cuestionamiento del rol de los reguladores que se está dando en distintas partes del mundo y en América latina en particular. El tema es tan pertinente que fue tema de dabate de la última Charla de Café, de TeleSemana.com.
El factor de contribución es un porcentaje de la facturación de las empresas que se destina a ese fondo y que se modifica de manera trimestral. Aumenta o disminuye según las necesidades de los programas de Servicio Universal y para el segundo trimestre de 2025 se estableció en el 36,6 por ciento. Esto supuso un aumento frente al 36,3 por ciento del primer trimestre de este año, al 35,8 por ciento del último cuarto de 2024 y al 34,3 por ciento que las operadoras pagaron entre julio y septiembre del año pasado. Es decir, ha venido subiendo de manera paulatina.
Sede de la FCC en Washington. Imagen: FCC
La Ley de Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso en 1996, autorizó a la FCC a operar el Fondo de Servicio Universal, que se financiaría con las contribuciones regulares de las empresas de telecomunicaciones. El fondo recauda unos 9000 millones de dólares anuales, y hay un argumento que asegura que el aporte que realizan las empresas de telecomunicaciones les impacta de manera significativa.
Este caso en particular se debate en un principio legal denominado doctrina de no delegación, que limita la capacidad del Congreso para otorgar poderes derivados de la Constitución a agencias gubernamentales como la FCC. Sucede que el regulador cedió a la Compañía Administrativa del Servicio Universal (USC), una empresa privada, la gestión de ese fondo en el marco de ese concepto. Y aquí es donde pareciera generarse el conflicto, o lo que motivó la demanda que, poco a poco, va tomando magnitud.
La demanda de Consumers Research
La FCC designó a la empresa para determinar los montos de las contribuciones, recaudar los pagos de las empresas de telecomunicaciones y entregar los fondos a los beneficiarios del fondo de servicio universal, como personas que viven en zonas rurales y tierras tribales de nativos americanos, así como escuelas y bibliotecas.
Sin embargo, el centenario grupo conservador Consumers’ Research, dedicado a defender los intereses de los consumidores y de las telecomunicaciones, solicitó en 2022 al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU., con sede en Nueva Orleans, que revisara la legalidad del mecanismo de financiación.
Imagen: Procsilas Moscas/Flickr
Argumentó que el Congreso había transferido efectivamente el poder legislativo a la FCC, incluyendo la autoridad para recaudar ingresos, al otorgarle a la agencia un margen ilimitado para operar el fondo de servicio universal. Los demandantes también advirtieron que la FCC había transferido ilegalmente la autoridad a la Compañía Administrativa del Servicio Universal (USC) al haberle dado lo que consideraron un papel desproporcionado en la determinación de los montos de las contribuciones que debían pagar las empresas de telecomunicaciones.
En 2024, el Quinto Circuito, en un fallo por nueve votos a siete, declaró inconstitucional el acuerdo de financiación, según indicó la agencia Reuters. No emitió resoluciones individuales sobre las reclamaciones de no delegación pública y privada, sino que concluyó que “la combinación de la amplia delegación del Congreso a la FCC y la subdelegación no autorizada de la FCC» a la empresa privada violaba la disposición constitucional que otorgaba el poder legislativo al Congreso”.
Los tribunales federales de apelación llegaron a diferentes conclusiones sobre la cuestión jurídica en cuestión en el caso. Por su parte, la FCC defendió la facultad otorgada por el Congreso para autorizar el funcionamiento del fondo y contratar a una empresa para administrarlo. Agregó que el Quinto Circuito subestimó la cantidad de directrices y restricciones que los legisladores incluyeron en la ley federal de 1996. También que no delegó facultades gubernamentales a la empresa privada que administra el fondo.
Movida contra las agencias reguladoras
La Corte Suprema, con una mayoría conservadora de seis a tres, viene restringiendo las acciones de las agencias reguladoras federales en una serie de fallos emitidos en los últimos años, aunque esos casos no involucraron la doctrina de no delegación.
La composición de la Corte Suprema no puede pasar inadvertida en esta oportunidad. Consumers Research, la asociación que presentó el reclamo, viene realizando desde 2021 una serie de campañas publicitarias y acciones varias para combatir la “conciencia social”. En ese año atacó a empresas como Nike, Coca-Cola, American Airlines y Ticketmaster, además de las Grandes Ligas de Béisbol por su posicionamiento frente a determinados temas sociales.
En 2022 acusó a la aseguradora State Farm de ser “un vecino inquietante” por apoyar a GenderCool, un grupo destinado a presentar historias positivas sobre jóvenes transgénero y no binarios. La presión fue tal que la aseguradora terminó retirando su apoyo a la organización. Ese mismo año acusó a BlackRock y Larry Fink por sus políticas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG, por sus siglas en inglés).
Y en em 2023, Consumers’ Research presentó al Congreso “una hoja de ruta detallada para desmantelar el movimiento ASG”, políticas a las que calificó de “amenaza existencial para nuestra libertad”. La presentación contra la FCC y el destino de los fondos del servicio universal parecen inscribirse en esta última movida.
Al cierre de este artículo se escuchaban los argumentos a favor y en contra en la Corte estadounidense. La decisión sobre el futuro del fondo de servicio universal y el rol de la FCC para llevar la conectividad a las zonas vulnerables de los Estados Unidos llegará a finales de junio.
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