La industria y política satelital mexicana enfrentan horas cruciales y movimientos estratégicos que generan mucha controversia entre los especialistas. ¿Qué pasó? La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, anunció la creación del Programa Espacial Mexicano, que integrará las funciones de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT). Sin embargo, Salvador Landeros Ayala, quien desde 2019 se desempeñaba como director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), renunció al cargo y esto encendió las alarmas y las especulaciones sobre el futuro del órgano.
¿Qué pasa con el horizonte satelital mexicano? ¿Cómo impacta esto en el sector de las telecomunicaciones? ¿Qué significan los cambios en el organigrama oficial mexicano? ¿Cuál es la previsión del mediano y largo plazo? ¿Qué no estamos viendo? Éstas y otras preguntas surgen y se agolpan, con el correr de horas urgentes.
Los anuncios y las renuncias
Anunciada en noviembre de 2024 como parte de la apuesta oficial por simplificar y agilizar la administración pública, pero cuyo reglamento interno fue publicado hace una semana, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de México entró en vigor de la mano de la gestión de Sheinbaum. Entre sus alcances están las atribuciones del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero alcanza a otros actores y materias, vinculadas a la seguridad, la digitalización, y la industria satelital, entre otras.
Por ejemplo, se estableció que los recursos humanos, financieros y materiales de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional se transfirieran a la Agencia, al igual que contuviera a las entidades paraestatales como el Servicio Postal Mexicano, Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) y el órgano desconcentrado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y la AEM.
Pero Landeros renunció a la dirección de la AEM y se encendieron las preocupaciones en el sector de la exploración y la investigación satelital, sobre todo por el rol que el organismo ocupaba y ante la presunción que éste quedaría virtualmente extinto. La prensa local se hizo eco del tema. El Universal publicó la carta de renuncia del ahora exdirector, en la que alega la “falta de importancia” que el gobierno dio al trabajo desarrollado: “El motivo es que a la AEM no se le ha dado la importancia que merece ni presupuestal ni administrativamente, debiendo ser el organismo integrador y articulador de las actividades espaciales de México”. Pero también confiesa que fue informado que la Agencia “desaparecería, lo que considero desafortunado por todo el trabajo que costó crearla”.
Horas más tarde y en medio de una conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum junto al titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, aseguraron que la AEM no desaparecerá y que, por el contrario, fortalecerá sus capacidades al integrarse con Mexsat.
Inclusive, el medio local El Universal también plantea que la AEM atraviesa su “peor momento presupuestal” y precisa que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador su presupuesto se redujo a la mitad: pasó de los 125.175.821 pesos (6.047.744 dólares) en 2019, a los 69.492. 442 pesos (3.357.457 dólares) en 2023. Por eso, son muchos los que apuestan a que todo este replanteo podría ser positivo porque le permitiría al área recibir más recursos que los logrados hasta ahora.
Sin embargo, ese replanteo no sería sólo con fines presupuestarios. El portal AIRegulaSolutions, por ejemplo, advierte sobre el giro del enfoque sectorial: de la investigación científica y la exploración hacia la apuesta por la infraestructura de telecomunicaciones y seguridad nacional; y da cuenta de una ola de despidos al personal especializado de la AEM.
Lo cierto es que la AEM fue creada en 2010 para abocarse a la investigación y el desarrollo (I+D) de la industria satelital mexicana, y funcionó desde ese momento como un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT). Y, en adelante, a la ATDT le corresponderá la política pública en telecomunicaciones, mientras que a la SICT las licitaciones y supervisión del espectro radioeléctrico y sus concesiones.
Entre sus últimos logros, se desataca, por ejemplo, la gestión de un acuerdo para que un nuevo “Sistema de Comando y Manejo de Información” (SCMI) mexicano, realizado en conjunto entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la AEM para nanosatélites, sea lanzado en el GuaraníSat-2, de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP). Algo que está previsto que se concrete en octubre de 2025. También el anuncio de que el país tendrá su segundo Nanosatélite desplegado desde la Estación Espacial Internacional (EEI), el “GXIBA-1”, en 2025. Se trata de un desarrollo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) en colaboración con la Agencia Espacial Japonesa (JAXA, por sus siglas en inglés).
Hoy, entre los proyectos satelitales anunciados por el Ejecutivo, por ejemplo, se destaca el lanzamiento del satélite de telecomunicaciones en órbita geoestacionaria que -previsto para 2029- busca sustituir y complementar las prestaciones del actual satélite Bicentenario, sobre todo de cara a las urgencias de seguridad nacional, inclusión digital y comunicaciones necesitadas.
¿Todo esto puede incrementar los costos operativos para las telcos?
Es uno de los temores. La competencia, la duplicidad de esfuerzos y la cuestión de la especificidad de los perfiles profesionales a cargo de las áreas podrían impactar de forma negativa en todo este proceso y, con ello, afectar al sector de las telecomunicaciones. Esta mirada es planteada por Ernesto Piedras, CEO de la consultora The CIU, quien en un artículo observó que uno de los “riesgos de este rediseño es la potencial carencia de coordinación entre las nuevas entidades”. Además, planteó que “este enfoque difuso de facultades podría generar incertidumbre e incrementar los costos entre los agentes regulados, quienes se enfrentarán a una ´doble o triple ventanilla´ para realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones regulatorias”. ¿Y se podrían hasta triplicar los costos?
En su mirada, el “eventual éxito de esta reestructuración institucional dependería en gran medida de una legislación secundaria que se emita para dar cauce al nuevo modelo”. También advirtió que ese incremento en los costos operativos de empresas como América Móvil, AT&T, Grupo Televisa, Megacable, Telefónica, y otras, podrían triplicarse como consecuencia de este replanteo.
Con todo, el escenario es complejo y plagado de especulaciones.
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