El Gobierno de Perú publicó un decreto que establece nuevos lineamientos para la gestión medioambiental del sector de las telecomunicaciones, pero el sector privado planteó que su letra impactará de forma negativa en los desafíos y las obligaciones que la industria tiene por delante. Por ejemplo, en lo relativo al despliegue de 5G y el achicamiento de la brecha digital.
¿Qué reglamento?
Se trata del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Comunicaciones (RGASC), publicado en los primeros dias de enero de 2025 en el Decreto Supremo N° 023-2024-MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La letra -disponible aquí– regula aspectos que el MTC valora “indispensables para garantizar la sostenibilidad ambiental de los proyectos de telecomunicaciones, como las obligaciones generales de los titulares de proyectos, los procedimientos administrativos para la evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), y la creación del registro de consultoras ambientales del sector comunicaciones”.
Además, agrega la implementación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para proyectos en operación sin IGA, así como el establecimiento de plazos para la evaluación ambiental de los IGA y sus modificaciones o actualizaciones.
Su articulado se fundamenta en tres principios: desarrollo sostenible, ecoeficiencia y participación ciudadana; y se propone como una apuesta por mitigar los impactos negativos en el ambiente, fomentar inversiones responsables y ecoeficientes, con el afán de que las iniciativas del sector estén en consonancia con el derecho que tienen las personas a vivir en un ambiente saludable y sostenible.
“La aprobación de este reglamento es un paso decisivo para consolidar al sector comunicaciones como un sector ambientalmente responsable, competitivo y en armonía con las comunidades y los ecosistemas”, dijo Carla Sosa Vela, viceministra de Comunicaciones, y aclaró que “con esta normativa, reafirmamos nuestro compromiso de promover el desarrollo tecnológico del país bajo un enfoque sostenible”.
Para la implementación de esta normativa, el Estado prevé que interactúen diversas carteras que integran su organigrama. Entre ellas, el MTC será la entidad encargada de promover la política sectorial y autoridad competente responsable para la evaluación y aprobación de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos. Y, en ese sentido, establece plazos, procedimientos, obligaciones y más. Inclusive, devuelve el concepto de silencio administrativo negativo para los proyectos de telecomunicaciones.
La preocupación de la cuestión medioambiental es oficial. En las últimas horas, inclusive, el Ministerio del Ambiente (Minam) aprobó el Reglamento de la Ley para la protección, conservación y uso sostenible de los humedales en el territorio nacional (que lleva el número 32099 -disponible aquí-), que busca preservar la diversidad de estos ecosistemas naturales.
El reclamo del sector
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham) y la Sociedad de Comercio Exterior (Comex) publicaron este viernes una misiva conjunta en la que plantearon que “obstaculiza gravemente la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, el plan del MTC para iniciar el desarrollo de redes 5G, así como los procesos de renovación tecnológica, por ende, será una barrera para la mejora de la calidad, cobertura e innovación en el sector”.
Imagen creada con chatGPT
“El marco normativo de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, dado a través de la vigente Ley 29.022 ha sido un ejemplo de impulso a la conectividad en la región, porque permitió la aprobación automática de solicitudes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sin perjuicio de los procesos de control posterior. Sin embargo, este nuevo reglamento ambiental cambia la política vigente y hace retroceder al sector más de una década, al exigir una evaluación previa y con silencio negativo para el despliegue de todo tipo de infraestructura de telecomunicaciones que esté ubicada en área urbana o rural. Eso ralentizará injustificadamente los proyectos de telecomunicaciones, incrementará los costos para llevar Internet a los peruanos y generará una burocracia excesiva en el MTC”, dice en sus primeras líneas la misiva conjunta.
Pero no sólo eso, estos organismo también cuestionan que se sume la exigencia que incluye que “gran parte de los proyectos de telecomunicaciones ya implementados, deban de pasar por los nuevos trámites y requisitos establecidos en el Reglamento, generándose una situación de aplicación retroactiva en perjuicio del administrado y un gran cuello de botella en la administración pública, dado que el MTC ha manifestado que no cuenta con capacidad para revisar oportunamente las solicitudes de permisos ambientales, lo que retrasará aún más el despliegue de conectividad”.
A modo de contexto, Afin, AmCham y Comex resumieron el aporte de la industria. “El sector ha mostrado avances significativos los últimos años, como el crecimiento de la fibra óptica de 13.400 km en 2013 a 81.000 km en 2022, y el aumento del 145 por ciento en antenas 4G desde 2017. Todo ello ha sido clave para que los peruanos estén más conectados” y advirtieron que “estas mejoras se ven amenazadas por este reglamento”.
La misiva agrega: “Según el propio MTC, se necesitan 33.535 antenas (55 por ciento de la brecha) adicionales para alcanzar los objetivos al 2025, sin considerar la implementación de 5G. El 54,2 por ciento de hogares a nivel nacional no tienen acceso a internet fijo. La situación es más grave en el ámbito rural, donde el 86,5 por ciento no cuentan con este servicio. Perú estaba próximo a culminar las medidas para la masificación del 5G. Esta norma pone en riesgo esa meta, clave para la mejora del Internet y el desarrollo tecnológico del país”.
A modo de cierre, la nota hace “un llamado urgente al Poder Ejecutivo para derogar esta normativa y priorizar políticas públicas que fomenten la conectividad, impulsando el cierre de la brecha de conectividad y la digital, en beneficio de todos los peruanos, especialmente de aquellos que habitan en zonas rurales” y recuerda que aún está pendiente la creación ventanilla única digital, para acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional, dispuesta en la Ley 31.809.
¿Y cómo sería un reglamento medioambiental que aprobaría el sector?
La pregunta importa, sobre todo para entender la expectativa y apuesta que el sector estaría de acuerdo en asumir en materia medioambiental. A nivel global, la industria ya asumió varias veces en términos de circularidad de las cadenas de suministro, la gobernanza y la baja en las emisiones de carbono; inclusive, ante los desafíos que la propia innovación plantea.
Al respecto, TeleSemana.com conversó con Juan Pacheco, gerente general de Afin, quien ponderó que un reglamento aprobable sería “uno que esté acorde a la dinámica del sector tal como ha venido sucediendo hasta el momento. Nuestro país ha tenido un despliegue muy importante cumpliendo normas ambientales y en el caso de antenas las mediciones realizadas por el propio MTC no superan el uno por ciento de los límites máximos permisibles”.
“El sector tiene una dinámica de despliegue que no puede ni debe someterse a la burocracia del silencio administrativo negativo y encima con efecto retroactivo para ´regularizar´ infraestructura desplegada antes de este reglamento ambiental”, dijo y agregó que “el MTC tampoco tiene la capacidad de atender toda la cantidad de trámites que se generarán y eso solo detendrá el despliegue”.
Pacheco también destacó que la industria “usa y cumple con estándares ambientales para el despliegue. Lo que no está de acuerdo es en retroceder una década. Ya tenemos un régimen de aprobación automática para presentación de solicitudes ante las municipalidades. Régimen que además no existe en varios países de la región y que ha sido examinado por varios de ellos como ejemplo a seguir”, concluyó.
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