En lo que puede interpretarse como las últimas decisiones regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo recordó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está sujeta a condiciones para tomar el control de Altán Redes, la operadora de la Red Compartida hoy en poder del gobierno mexicano.
Se trata de una resolución emitida a última hora del viernes pasado y que, de alguna manera, continúa una anterior, en donde la CFE fue autorizada a ingresar en Altán Redes. “El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió autorizar sujeta a condiciones la concentración a través de la cual, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indirectamente, adquiriría una participación del 23,08 por ciento en los derechos fideicomisarios de Altán Redes, S.A.P.I. de C.V. (Altán), sin tener el control de dicha empresa”, expresó en el comunicado.
Esta exigencia se debe a que Altán es responsable de la instalación y operación de la Red Compartida mediante la que brinda servicios mayoristas de telecomunicaciones. La CFE, en tanto, provee el acceso a la infraestructura de la CFE además de brindar servicios minoristas de telefonía y móvil. Este doble juego consistente en ser actor mayorista y minorista a la vez va contra lo previsto “en el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado el 11 de junio de 2013 y en la Condición 16 de la concesión mayorista de Altán, respecto a la obligación de asegurar que ningún PST (prestador de servicios de telecomunicaciones) tenga influencia en la operación de la Red Compartida a cargo de Altán”.
Por tal motivo, la concentración autorizada por el IFT está sujeta a esa condiciones, con el objetivo de “preservar la competencia y libre concurrencia, así como el principio de neutralidad a la competencia”. Es el Estado el primer actor obligado a no generar distorsiones de mercado, situación que es la principal preocupación del resto de la industria en la actualidad.
El regulador explicó esta obligación a cumplir en condiciones de tipo conductual y de tipo estructural, ambas claramente explicadas en este enlace. El IFT también se refirió a la necesidad de mantener los requisitos establecidos en los títulos de concesión extendidos a ambas organizaciones con el fin de preservar la neutralidad de la competencia.
Estas exigencias, ahora, detalladamente recordadas tienen un plazo de 20 días para ser cumplidas. De no ser así, “la operación se tendrá por no autorizada”, aseveró el todavía organismo regulador, más allá de haber sido extinguido por el Parlamento mexicano.
Más allá de que el IFT perdió la batalla política tras la asunción de Claudia Scheinbaum a la presidencia, no deja de marcar los límites a los que debería estar sujeta esta transacción. La semana pasada decidió cancelar la licitación para asignar espectro para 5G. Desde que el Gobierno de México salió a rescatar a Altán Redes se sucedieron diversas acciones que terminaron dando el control de la Red Compartida al Estado. Si bien los objetivos de esta empresa es llevar la cobertura a todos los rincones de México, suele ser fuertemente resistida entre los actores privados de cualquier parte del mundo la idea de tener que competir con el Estado en materia de telecomunicaciones.
