“Las asociaciones expresan su profunda indignación por la decisión del Consejo de Administración de Anatel de revisar la asignación de parte de la banda de 6 GHz, determinando su subasta en 2026, en el marco de la actualización del Plan de Asignación, Destino y Distribución de Bandas de Frecuencias (PDFF)”, comienza la misiva que firmaron ocho asociaciones brasileras de telecomunicaciones.
Sucede que el último día de 2024, el 31 de diciembre, y al calor de la actualización del PDFF, habría sido el momento elegido para dividir la banda en consonancia con las recomendaciones del regulador. Una medida que modificó una decisión de 2020, cuando se había aprobado la asignación total de lo 1.200 MHz que la integran para el uso sin licencia en interiores. ¿Qué pasó? De todo. Y hacia adelante la cosa podría llegar a judicializarse. Este es el color que está tomando esta determinación.
El reclamo de las ocho asociaciones
Abrint, Abranet, Abramulti, Apronet, InternetSul, Aspro, TelComp y Redetelesul son las asociaciones que valoraron que la decisión de revisar la asignación espectral de la banda de 6 GHz “no respeta el proceso regulatorio legítimo, ignorando el consenso previo y unánime del propio Consejo de Administración (…) además de contradecir las mejores prácticas regulatorias, distorsiona el proceso y compromete la credibilidad histórica del PDFF”.
Pero no sólo cuestionaron el fondo, sino también la forma. “La forma en que se llevó a cabo el acto también es motivo de extrema preocupación. Decisiones de tal relevancia han sido manejadas recientemente vía circuito deliberativo, sin el debido cuidado y sin la participación de todas las partes interesadas”, dice en la nota colectiva, en la que se alertó que “este proceso limita los debates públicos amplios y transparentes, además de no permitir que las defensas orales sean realizadas por las partes directamente impactadas. Estas prácticas comprometen la legitimidad y la calidad de las decisiones regulatorias, yendo en contra de los principios de la gobernanza democrática”.
Pero no sólo se trata del negocio, sino del ambiente. Para estas asociaciones, “no es razonable que, en un contexto donde se espera responsabilidad ambiental en las actividades regulatorias, la Agencia imponga el uso de tecnologías más contaminantes y menos eficientes energéticamente. Cuando a los impactos ambientales se suman el deterioro de la competencia, la exclusión social promovida y la inhibición de los ecosistemas de innovación brasileños, la decisión de Anatel parece completamente disonante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Esta falta de adhesión contradice las políticas públicas sectoriales y los compromisos asumidos por Brasil en el escenario internacional, dañando no sólo el presente, sino también las bases de un futuro sostenible”.
Esta conclusión se sustenta en un informe realizado a pedido de la Wi-Fi Alliance en el que se precisa que el destinar íntegramente el uso de la banda de 6 GHz para WiFi promueve los objetivos de sostenibilidad ambiental en la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, por su rendimiento de consumo energético.
Lo contradictorio es que esta cuestión medioambiental fue incluida por la Anatel al momento de anunciar su PDFF y Agenda Regulatoria 2025-2026 (disponible aqui), dado que aprobó la inclusión de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) como requisitos obligatorios en los avisos de radiofrecuencia.
“Al restringir el WiFi de nueva generación a un solo canal de 320 MHz, la decisión vuelve inviables los avances del WiFi 7, comprometiendo el rendimiento, la experiencia del usuario y la inclusión digital de millones de brasileños. La subasta de esta gama, al promover el uso bajo licencia, favorece la reserva de mercado y perjudica la libre competencia”, agregaron las asociaciones brasileñas que condenaron “con vehemencia la forma, el proceso y el mérito de esta decisión”.
“El modelo de conectividad que ha promovido la inclusión digital y el desarrollo económico en Brasil durante décadas no puede ser desmantelado” dijeron e instaron a una “urgente reevaluación de esta decisión (que) se realice de manera responsable, priorizando el interés público y los beneficios que el WiFi de calidad trae a la sociedad brasileña”.
Debatir y compartir
El tema se enfrenta al debate registrado desde hace tiempo en diversos países, también en Brasil. Hace más de un año parecía que ya estaba fijada su posición en torno al uso de la banda de 6GHz, que había sido atribuirla para uso libre en interiores (y en exteriores), luego de haber realizado las pruebas pertinentes. Inclusive, era una medida acompañada por beneficios impositivos para la importación de equipos inalámbricos.
Sin embargo, las presiones parecen haber dado sus frutos: no sólo la GSMA bregó para compartir esa banda con las necesidades de los servicios móviles, sino que TIM Brasil y Huawei completaron con éxito la primera prueba para usar 5G pero sobre la banda de 6 GHz en Río de Janeiro. Hasta la Citel lo abordó en el último trimestre de 2024, cuando planteó que “la convivencia de los servicios IMT y WiFi en la banda de 6 GHz es posible y recomendable”.
Por ello, aún a pesar que el país había tomado una decisión sobre el uso de esta banda de espectro tan requerida por el desarrollo de la conectividad inalámbrica como por los operadores móviles, esta revisión estaba en gateras. Inclusive, hace cuatro meses un informe había refrendado esa posibilidad, que hoy parece una certeza. Hecho que en la última edición de Futurecom ya se había adelantado, es decir, que la banda se repartiría, como sucede en otros países: 700 MHz para la industria móvil y a los 500 MHz restantes los conservarían los usos sin licencia, tal como lo refiere la cobertura de Teletime, y en la que se refleja que esta decisión apuntaría a satisfacer las futuras demandas de la sexta generación móvil (6G).
Sin embargo, para las asociaciones braileras que hicieron público su descontento, “esta medida representa un serio revés. Amenaza los esfuerzos de la industria y los proveedores regionales para implementar tecnologías WiFi avanzadas e ignora el papel esencial de los Pequeños Proveedores (PPP) en la inclusión digital. Además, ignora la preferencia nacional por WiFi, una tecnología accesible y más económica, crucial para el desarrollo social y económico de Brasil”.
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