El proceso de subasta para que los operadores de telecomunicaciones accedan a espectro radioeléctrico para explotar la quinta generación móvil en Costa Rica sigue vivo, activo y polémico. Mientras que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) acaba de confirmar que recibió la confirmación de los siete operadores que se postularon y aceptaron las condiciones establecidas el 17 de diciembre de 2024, en el parlamento local se debate sobre el avance del operador público en su despliegue… y el impacto del reglamento de ciberseguridad.
El cronograma de la subasta sigue al pie
Sí, el cronograma de la subasta de espectro 5G en Costa Rica sigue tal y como fue ideado. El objetivo es lograr colocar alrededor de 4.000 MHz distribuidos en cinco bandas (entre las bajas, medias y altas), cuyo otorgamiento se hará en dos fases. En la primera se ofrecerán recursos con alcance nacional, en la que participan Claro y Liberty; mientras que en la segunda se pondrá el foco en el alcance regional e intervendrán Ring Centrales de Costa Rica y las cooperativas de electrificación rural de Alfaro Ruiz, de San Carlos, de Guancate y Los Santos. Este 9 de enero, el regulador local confirmó que todos los interesados ratificaron su apuesta.
Lo que sigue es que los operadores pujen por recursos espectrales por los que deberán inyectar el 90 por ciento del valor en torres de telecomunicaciones, cuyas condiciones de hacer y desembolsos en efectivo ya fueron establecidos en diciembre y cuya aceptación ahora se confirmó.
“Nos complace mucho la alta participación que tendrá la subasta a nivel nacional y regional. El innovador concurso que hemos diseñado y su respuesta; permitirá el ingreso de 5G en el país junto con una importante inversión a nivel regional y la disminución de la brecha digital en muchas comunidades”, puntualizó Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo Directivo de la Sutel.
La idea es que no haya remanente el final de este camino pero, si lo hubiera, los funcionarios locales analizan la posibilidad de lanzar una nueva compulsa para apuntalar el desarrollo de redes privadas.
“Esta modalidad de subasta es novedosa en el país y pretende hacer una inclusión tecnológica en zonas alejadas y rurales” dijo en su anuncio la Sutel y adelantó que el próximo lunes 13 de enero se dará inicio a la capacitación a los representantes designados por los operadores en el uso del software que utilizarán el día de la subasta.
El cronograma se completará el 23 de enero, con la concreción de la primera fase de la subasta y el 24 con la segunda fase. Más tarde, seguirán 25 dias hábiles para la elaboración, aprobación y remisión del informe técnico y recomendación de adjudicación al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Luego, será turno de los operadores avanzar con los despliegues en los plazos y con las dimensiones comprometidas.
¿Y la ciberseguridad?
La estrategia de ciberseguridad sigue siendo un tema que parte aguas en Costa Rica, sobre todo por su Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto. En este marco, se dieron cita debates de todo tipo, como el de su posible afección a la seguridad jurídica en el país; pero también, apoyos internacionales.
Sin embargo, y a pesar del interés oficial por implementarlo, la medida permanece suspendida por un recurso legal, el único vigente de los cuatro que cruzaron la medida.
El martes 8 de enero, y en el marco de la sesión de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa (grabación disponible en YouTube –aquí-), Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) reabrió el debate.
La auditora General del ICE recordó que en agosto de 2024, había entregado al Consejo Directivo del ICE un informe (que publicó el medio local CR.Hoy y que está disponible aquí), en el que advertía sobre el “potencial deterioro del desempeño comercial, operativo y financiero” que le significa continuar sin avanzar en el despliegue de 5G. Allí se proponía un plazo de un mes para recibir una respuesta, pero que hasta este 8 de enero no había llegado.
Reloj de arena. Imagen: Uroš Jovičić/Unsplash
En esa sesión se precisó que el impacto negativo sobre los resultados del operador ya son visibles y tangibles, tanto en materia de cuota de mercado, como de ingresos y en la retención de clientes, entre otros aspectos.; a la par que se recordó que la potestad de la auditoría es advertir e informar, pero no tomar decisiones administrativas.
5G está en el norte de todos, también del ICE, aunque este operador no participe de la compulsa espectral porque ya posee el recurso. Tampoco despliega infraestructura por no tener las definiciones internas que lo permitan, por ejemplo, en lo concerniente al uso, o no, de equipamiento de Huawei (inhibido en el Reglamento cuestionado) y por diversos planteos interpuestos sobre la propia gestión.
En ese sentido, la auditora plantea que las limitaciones están dadas por la falta de respuesta, inclusive, por parte de la gerencia de telecomunicaciones del ICE que, a la fecha, pidió dos prórrogas al plan de desarrollo de la quinta generación móvil.
Inclusive, cabe recordar que el ICE fue uno de los operadores que interpusieron recursos de objeción a las condiciones de la subasta que había publicado la Sutel, y sobre las que el organismo instrumentó modificaciones para el llamado final.
Con todo, el caso parece tener condimentos técnicos, pero también políticos.
Imagen creada con IA
Mientras, el proceso continúa…
La apuesta del país es grande porque esa mayor velocidad de conexión, menor latencia y mejor capacidad de conectividad, promete habilitar un entorno propicio para la innovación y el desarrollo de nuevos negocios que podría significarle al país, según estimaciones oficiales, sumar hasta 3.925 millones de dólares a su Producto Bruto Interno (PBI).
De momento, y más allá de los debates en curso, el objetivo es avanzar con una estrategia no recaudatoria, con foco en propiciar el despliegue de infraestructura y, con ello, el desarrollo económico productivo del país.
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