Confusión. Desprolijidad. Los Reyes Magos llegaron a la Argentina con un regalo inesperado para el sector de las telecomunicaciones este 6 de enero: El decreto 6/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial disolvió el Fondo de Servicio Universal (FSU) pero, al mismo tiempo, mantiene las obligaciones de aportar el uno por ciento de la facturación “para garantizar el cierre de la brecha digital y el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en el país”, confirmaron fuentes oficiales a TeleSemana.com.
Extinguir el Fondo pero mantener las obligaciones es un tanto contradictorio. La confusión cruza a todo el sector, de acuerdo a lo que surgió de las consultas realizadas por este medio. A tal punto que nadie se atrevió a dar una respuesta en on porque, en general, argumentaron que no contaban con las herramientas suficientes para dar una opinión. Este terreno dio lugar a una serie de conjeturas y especulaciones que sólo podrán disiparse si esto se aclara; algo que podría ocurrir en los próximos días cuando se publique una nueva letra aclaratoria, según lo anticipado por las mismas fuentes oficiales consultadas.
Como se dijo, el decreto 6/2025 del Ministerio de Economía disolvió el FSU junto con otros fondos fiduciarios, el de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, y el de Vivienda Social. El FSU fue eliminado a través del artículo 3° pero en el artículo 7° expresa que “continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a la administración de la disolución y posterior liquidación”.
Fuentes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología confirmaron a este medio que las operadoras de telecomunicaciones deberán continuar abonando el uno por ciento que alimentaba al FSU tal como hasta ahora. “El aporte lo seguirán haciendo igual que hasta ahora, hasta que el Ministerio de Economía y Enacom establezcan cuál será el nuevo procedimiento”, señalaron las fuentes consultadas.
El dinero aportado en concepto de Servicio Universal venía siendo gestionado por el BICE. El FSU cuenta, hasta ahora, con fondos por unos 200.000 millones de pesos argentinos (unos 200 millones de dólares), de acuerdo a datos de la industria.
Que sí que no, que no que sí
Sorprendida por el regalo de Reyes, la industria está intentando entender qué pasará. Hay quienes interpretan que lo que se elimina es el fiduciario en donde se hacía el depósito de ese uno por ciento destinado al FSU. Es decir, se deja sin efecto el lugar en el que se realizaban las transferencias de dinero. Pero si hay que seguir depositando, tal como lo indicaron las fuentes oficiales, hoy no se sabe en dónde. Por otro lado, si el FSU está eliminado ¿por qué habría que seguir aportando el uno por ciento de la facturación si la herramienta está extinguida?
Otras interpretaciones aclaran que el Fondo de Servicio Universal no es un fondo fiduciario como sí han existido en otras áreas que se han venido eliminando tal como fue establecido en la ley 27.742 , conocida como Ley Bases, fundamento de las políticas que promueve el gobierno de Javier Milei. Por lo tanto, no sería posible extinguirlo.
Aquí surgen varias cosas que, inclusive, obligan a revisar la normativa existente hasta ahora. En los considerandos del decreto de Reyes se alude a la Ley 27.078 Argentina Digital que declaró de interés público al desarrollo de las TICs. Que mediante el artículo 21 de esa ley se creó el FSU y sus obligaciones. Y aquí vuelve al inciso c) del artículo 5° de la Ley Bases que estableció “liquidar y disolver un fondo fiduciario público y discontinuar con el programa o finalidad para la cual fue creado, el aporte o recargo obligatorio se considerará eliminado”.
Acto seguido, el decreto asegura que se mantendrá “la política pública” para garantizar el servicio universal en los términos del artículo 18 de la ley Argentina Digital. En este punto hay quienes advierten que no existe tal política pública. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la ley Argentina Digital dice: “El Estado nacional garantiza el Servicio Universal, entendido como el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.
Por otro lado, el artículo 21 -eliminado ahora con el decreto 6/2025- crea el FSU y establece que los aportes de inversión serán administrados a través de dicho fondo. “El patrimonio del Fondo Fiduciario del Servicio Universal será del Estado nacional. La Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del Fondo y las reglas y para su control y auditoría respecto de los costos de administración, asegurando que tanto la misma como la ejecución del Fondo se encuentren a cargo del Estado nacional”. Al eliminarse este artículo en la ley Argentina Digital no hay política pública destinada a usar esos fondos. Tampoco programas específicos, alternativa que se contempla en el artículo 25 de la ley Argentina Digital. Es decir, que con este decreto todo el capítulo II de esta norma queda eliminado. Por más que la continuidad de una política en este sentido esté planteado en los considerandos de una ley, si no están en la parte resolutiva no sirven.
¿Tironeo por la caja?
Una interpretación más. Ocho meses atrás, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología planteó que el FSU sería reformulado y que se acababa la “plata gratis” para financiar programas. Una idea que se evaluaba era reconvertirlo en una entidad que otorgara créditos blandos a la industria. Parecía estar claro en aquel entonces que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) se haría cargo de esa tarea. De hecho, su interventor, Juan Martín Ozores, dijo en el Encuentro Nacional de Pequeños Prestadores de Internet, en noviembre pasado, que estaban trabajando en cuatro programas para orientar esos los fondos del FSU. Uno de ellos, el de interés público, estaba en marcha. ¿Qué pasará con ese programa ahora? No parece claro que el regulador continúa gestionando esa caja. ¿Quedará en manos de Economía?
Imagen: Jon Tyson/Unsplash
Quienes se pronunciaron en contra de este decreto fueron referentes universitarios y especialistas de la Cátedra de que recordaron que el FSU y Arsat “son vitales para mejorar la conectividad en todo el país”. Se trata de una advertencia realizada durante el tratamiento de la Ley Bases. En ella expresaron que la creación de ambos instrumentos respondieron a decisiones apuntaladas con una fuerte inversión público-privada que robustecieron el acceso a la conectividad para hogares, empresas, pymes, cooperativas y organizaciones en general. Agregaron que el ajuste de las cuentas públicas no puede ser excusa para desfinanciar programas como los vinculados con el acceso a las TICs, tal como puede leerse desde aquí.
Definitivamente, se necesitan aclaraciones. O, mejor dicho, normas que echen luz a lo que se quiso establecer en el decreto 6/2025 que vino con Melchor, Gaspar y Baltazar, y que puede leerse desde aquí. No hay dudas de que se requiere una reformulación del FSU, que respondan a las nuevas demandas de la época. Pero si las leyes vigentes no eran lo suficientemente claras y contundentes respecto a cómo orientar los fondos pensados originalmente para llegar a las zonas rurales y no rentables, lo que se necesita de una vez es claridad más que confusión.
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