“Tras solicitud de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el CIADI suspendió de forma provisional la ejecución del laudo arbitral que condenó a Colombia a pagarle 379 millones de dólares a Telefónica. Ahora se designará un comité para estudiar la solicitud de anulación interpuesta. Seguiremos atentos para defender los intereses de nuestro país”, dijo Mauricio Lizcano, ministro de tecnología, información y telecomunicaciones de Colombia.
Si, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en atención a la solicitud hecha por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, acaba de suspender de forma provisional, “la ejecución del laudo proferido en contra de la República de Colombia en el caso Telefónica”
La medida, fechada el viernes 6 de diciembre, pero conocida este lunes 9, implica que Telefónica no podrá cobrar la condena de 379 millones de dólares impuesta a Colombia por haber quedado “bajo riguroso examen jurídico, hasta tanto el Comité ad hoc, que se constituya para tal fin, no decida otra cosa”, tal como lo precisó el gobierno local.
“Como fue informado a la opinión pública en su momento, Colombia presentó dicho recurso al encontrar serios defectos en el laudo, incluidos la patente falta de motivación, la manifiesta extralimitación de facultades cometida por el Tribunal Arbitral y la violación del debido proceso de la República de Colombia”, dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en su anuncio. En adelante, el órgano internacional conformaría un Comité ad hoc de anulación que “resolverá el recurso de nulidad contra el laudo interpuesto por Colombia”.
Toda esta disputa comenzó el 2 de febrero de 2018, cuando Telefónica inició un procedimiento de arbitraje internacional en contra de la República de Colombia ante el CIADI por reversión de activos: la empresa reclamaba por daños que, a su entender, le habían ocasionado las medidas que el gobierno local había implementado.
En ese momento, la operadora “reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado que afectaron las inversiones de Telefónica en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones, en donde Telefónica tiene participación mayoritaria. La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado de diversas medidas para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia”.
El resultado de aquel reclamo fue que Telefónica debió pagar más de 379 millones de dólares y, a cambio, argumentó que “las medidas que llevaron a dicho pago, incluyendo por parte de la Corte Constitucional colombiana y otras entidades, fueron implementadas en violación del APRI”, siglas del Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
“Después de agotarse todo el procedimiento arbitral, el día 12 de noviembre de 2024, el CIADI notificó a Telefónica el laudo del Tribunal relativo a esta disputa (…) y ha considerado que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones de Telefónica (…) y lo condenó a pagar la cantidad la misma cantidad de dólares que se le habían reclamado originalmente (los 379 millones de dólares) más intereses compuestos, a una tasa del cinco por ciento “en concepto de compensación por los daños ocasionados”. Es decir, la totalidad del monto principal y de intereses reclamados por la empresa. Inclusive, el Tribunal condenó a Colombia al pago de honorarios de los abogados utilizados por Telefónica durante el procedimiento arbitral, junto con los intereses correspondientes.
Imagen: AbsolutVision /Unsplash
Con aquella noticia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había anunciado a la prensa local e internacional la necesidad de renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Europa, para que las discusiones que pudieran originarse se resolvieran puertas adentro del país. Y el comentario lo hizo no sólo como colorario de la definición del CIADI sino en la antesala a la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que el país asumirá en 2025.
Sin embargo, ahora y por este caso en particular, se acaba de abrir una nueva oportunidad para que el Gobierno colombiano renegocie las condiciones.
Debe estar conectado para enviar un comentario.