Brasil dio el primer paso concreto e inesperado contra el fair share en la Cámara de Diputados

La discusión sobre el fair share en Brasil dio un giro inesperado. La Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados aprobó, contra todo pronóstico, un proyecto contra la implementación del fair share, es decir, la posibilidad de que las operadoras de telecomunicaciones le cobren un canon a las empresas digitales por la generación de tráfico de datos. El proyecto, cuyo tratamiento en profundidad se esperaba para 2025, volverá ahora a la Comisión de Constitución y Justicia.

Se trata de una historia que comenzó a principios de este 2024 cuando el diputado David Saores, de União/SP, presentó el proyecto identificado como PL 469/2024 que agrega en la Ley 12.965 del Marco Civil de Internet la prohibición de que los proveedores de conexión a Internet impongan cargos dirigidos a los proveedores de aplicaciones de Internet por la generación de tráfico de datos.

Esta propuesta fue apoyada por la diputada Sylvie Alves, de União/GO, que presentó un informe sobre el tema en esta comisión en el marco de sus deliberaciones. Aunque nadie lo esperaba, sus integrantes votaron a favor de la iniciativa, sin discusión. Es que el martes, el diputado Silas Câmara, de Republicanos/AM, presidente de esta comisión, había anunciado que el PL469/2024 no se votaría hasta 2025, luego de una audiencia con varios de los actores interesados en esa normativa.

El párrafo que introduce esa propuesta impacta en el principio de neutralidad de la red contemplado en el Marco Civil de Internet que rige desde 2014 en Brasil. En él se establece que los precios por el uso de la infraestructura de red de los proveedores de conexión a Internet se establecerán en esta u otras leyes. Y apunta que deben seguir las normas específicas para este procedimiento.

Tanto Sylvie como David Soares explicaron, tras la votación, que el proyecto beneficia al consumidor al evitar la posibilidad de un cargo adicional. Uno de los puntos, entre varios otros, que se cuestiona a la eventual implementación del fair share es que terminará encareciendo los servicios que pagarán los usuarios.

Ningún canon

El PL 469/2024, que impide cualquier tipo de cobro de parte de las operadoras de telecomunicaciones a las llamadas big tech, cuenta con el apoyo tanto de las compañías digitales como de las empresas de radiodifusión de Brasil. El proyecto impide la creación de esta tarifa que debería, además, ser regulada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), tal como proponen los defensores de este concepto conocido también como network fee o contribución justa.

Si la propuesta aprobada en la Comisión de Comunicaciones obtiene el mismo visto bueno en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) tiene posibilidades de pasar directamente al Senado Federal, salvo en el caso de presentar recurso de apelación para votación en el Pleno.

La discusión en torno al fair share tiene también en Brasil a promotores y detractores pujando porque la balanza se incline a su favor. La Open Internet Alliance (AIA) y la asociación Abrint, que reúne a los proveedores regionales de Internet, están en contra de la imposición de un cobro por el uso de las redes. “El tráfico generado por las grandes tecnológicas no es un problema, es una solución”, dijo en una de las discusiones previas a esta votación Mauricélio Oliveira, director de Abrint.

Del otro lado, la GSMA y Conexis Brasil están a favor de la creación de esta especie de peaje para cursar el tráfico a través de las infraestructuras de telecomunicaciones. Para el presidente ejecutivo de Conexis Brasil Digital, Marcos Ferrari, el futuro del ecosistema digital depende del diálogo entre los dos sectores y negó que el fair share viole la neutralidad de la red. La GSMA viene siendo tajante respecto del impacto que los servicios digitales de las principales compañías generan en las redes.

También hay voces que se pronuncian ni a favor ni en contra del fair share como tampoco del PL 469, tal como la Associação Neo, que representa a los pequeños proveedores (APP) en el sector de las telecomunicaciones, tal como lo exhibió el medio Teletime. El consultor y ex senador Aníbal Diniz, quien representa a esta entidad, afirmó que la propuesta podría afectar la libre competencia y que no hay ningún lado vulnerable en la discusión que justifique intervención estatal o regulación adicional.

Uno de los antecedentes cercanos a la implementación del fair share fue el determinado hace seis meses en Canadá, donde se obligó a las plataformas de streaming contribuir con un 5 por ciento de su facturación para la inversión en redes.

Discutir una ley digital

Más allá de las distintas posturas en torno al pago de este canon, para el presidente de la Comisión de Comunicaciones, lo ideal sería discutir el tema en un debate más abarcador que contemple, inclusive, una nueva regulación para el entorno digital.

“Para cualquier propuesta que aborde el mundo digital, lo que realmente queríamos es que se construyera en la Cámara Legislativa un marco regulatorio que pudiera abarcar todas las variables”, afirmó Silas Câmara, que no cree que sea conveniente que el tema termine debatiéndose en la Justicia.

Imagen: Diego Passadori/Unsplash

“Debido a la pérdida absoluta de la oportunidad del Congreso para hacerlo, el Supremo Tribunal Federal vuelve a ser protagonista de un tema tan relevante para el país. Una parte de la población piensa que se está aprovechando de las prerrogativas de los poderes, cuando en realidad estamos perdiendo la oportunidad de construir juntos un marco legislativo y un marco regulatorio bien debatido para que la población pueda tener una ley de calidad”, consideró.

Desde la misma Anatel se planteó la posibilidad de avanzar con la discusión de todas las propuestas que están vinculadas con el sector, como el PL 2.768/2022 que regula las plataformas digitales, y el PL 2.630/2022 que aborda el tema de las fake news en relación a la Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet que rige en Brasil.

Pero el cambio inesperado de posición en la Comisión de Comunicación deja ahora el panorama abierto hacia adelante. Y lo que se decida, finalmente, en Brasil seguramente tendrá su eco en la región.