Toma y daca: mientras que el Ministerio de Comunicaciones (MCom) de Brasil parece recargar y renovar sus fuerzas, se ven mermadas las de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). ¿Qué pasó? Un decreto oficial y una ordenanza cambió la ecuación y potestad de ambas entidades, vinculadas a las iniciativas públicas de telecomunicaciones, de radiodifusión y de inclusión digital, mediante la aplicación de recursos de subastas de espectro. Mientras, el run run de la industria advierte la intervención y alerta por sus posibles alcances.
Sí, la noticia genera muchos rumores e inquietud. Se trata del Decreto 12.282, que está firmado por el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión (DOU) de este lunes. Allí se introducen cambios en los alcances que tienen el MCom y la Anatel, y que ya entró en vigor para cambiar, además, lineamientos de subastas de espectro ya realizadas, aunque no las condiciones. El martes el MCom publicó la ordenanza N°15.371 en la que replantea las atribuciones y estructura de gobernanza aplicable a los compromisos asumidos en la subasta 5G e intervino el Grupo de Monitoreo de Costos del Proyecto de Conectividad Escolar (Gape).
De momento, y mientras se suceden las reuniones y las evaluaciones del caso, el organismo prevé hacer una jornada técnica este jueves para la prensa, donde también presentará el balance de su última Junta Directiva de 2024.
Los detalles del decreto
El decreto -disponible aquí– dice en su primer artículo que “establece las competencias, en el ámbito de la administración pública federal, relacionadas con los compromisos asumidos con motivo del aporte de recursos resultantes de las subastas de autorización para el uso de radiofrecuencia, y establece otras disposiciones”.
Luego, en el segundo, aclara que “la Secretaría de Comunicaciones definirá los lineamientos y estrategias para la ejecución de las políticas públicas en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, conectividad e inclusión digital en el ámbito de la administración pública federal, incluidas las relacionadas con compromisos asumidos mediante el aporte de recursos provenientes de subastas de autorización para el uso de radiofrecuencias” para “orientar las medidas que debe adoptar” la Anatel.
En adelante, el MCom tendrá la potestad de “definir y regular las atribuciones y la estructura de gobernanza aplicable a los compromisos asumidos con base en la contribución de recursos de los ganadores de las subastas de autorización para el uso de radiofrecuencias”, como también de “establecer directrices para la reubicación y asignación del saldo de recursos remanentes” señalados en el primer artículo.
Inclusive, establece que en el caso de aplicar una sanción por obligación de hacer incumplida, la Anatel deberá avanzar con las directrices que determine el MCom.
Imagen: Geralt/Pixabay
El artículo quinto, a su vez, abona buena parte de la inquietud de la industria, porque aclara que “se aplica también a las subastas de autorización de uso de radiofrecuencias que ya se hayan celebrado”, aunque también precisa que “no modifica los derechos y obligaciones de los ganadores de las subastas”.
“Este decreto es muy importante para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, ya que a partir de ahora podremos profundizar nuestro trabajo conjunto para llevar a cabo, principalmente, políticas públicas de inclusión digital. Estamos comprometidos con atender a las personas más necesitadas, aquellas que viven fuera del mundo digital y, por tanto, no tienen acceso a una serie de servicios y oportunidades”, dijo Juscelino Filho, titular del MCom. El funcionario presentó la iniciativa como una medida que “mejora la división de competencias entre los órganos de la administración pública federal para el desarrollo de políticas públicas con recursos provenientes de subastas de autorización para el uso de radiofrecuencias, como 5G y 4G”.
Los detalles de la ordenanza
La ordenanza N°15.371 del MCom -disponible aquí– “establece las atribuciones y estructura de gobernanza, en el ámbito de la administración pública federal, relacionadas con los compromisos asumidos con base en el aporte de recursos a que se refiere el Anexo IV-C del Aviso de Licitación N° 1/2021-SOR/SPR/CD – ANATEL – Aviso de Subasta 5G” y aclara que “regula aspectos relacionados con la formulación de políticas públicas y no altera las facultades regulatorias o de supervisión de la Anatel”.
E introduce cambios en “las atribuciones y estructura de gobernanza aplicables a los compromisos” de aquella subasta, en lo concerniente al Gape, como su composición y su órbita. En líneas generales, destituye la potestad de la Anatel en la gestión y replantea el liderazgo: ahora, las funciones de presidente y secretario ejecutivo serán ejecutadas por representantes del MCom, mismo organismo que definirá lo compromisos. También suspende cláusulas como las vinculadas a la banda de 26 GHz, donde específicamente se incluían los compromisos de hacer en materia de conectividad escolar; y se adelanta que en su primera reunión se deberán aprobar los nuevos reglamentos internos porque la ordenanza ya entró en vigor.
Radiopasillo en modo “activado”
Es importante poner en contexto esta medida. Los medios locales TeleSíntese y Teletime dieron cuenta de la preocupación generalizada que estas medidas generaron en la industria por hacer una “intervención explícita” del regulador y la introducción de cambios en las cláusulas impuestas en el aviso de la última subasta de espectro radioeléctrico 5G, realizada en 2021.
Por ejemplo, porque se reordena el Gape, entidad que tiene la potestad de administrar los más de 3.500 millones de reales (más de 578 millones de dólares) destinados a vehiculizar la estrategia de conectividad escolar.
En esas coberturas, se citó la voz del ex presidente de Anatel, Juárez Quadros, quien señaló que “esta medida podría incluso llevar a cuestionar todas las reglas de la subasta 5G”.
Los cuestionamientos de la industria también advierten que el regulador pasó a ocupar una posición compleja dado que se le quitaron herramientas clave, como las que les permiten controlar las obligaciones vinculadas a la conectividad escolar; pero que también se vulneran los alcances del Tribunal Federal de Cuentas (TCU), quien fue muy activo en la elaboración de esa misma estrategia. Inclusive, se plantea un escenario de “inseguridad jurídica” vinculadas a la gobernanza de la Entidad Administradora de Conectividad Escolar (EACE), que ahora será “observador invitado” del Gape.
La medida sorprende y las preguntas se multiplican, sobre todo porque todos los esfuerzos invertidos en la estrategia de conectividad escolar avanzaban con saldo positivo y reconocimiento internacional. Y, según las estimaciones oficiales, aún quedan unas 40.000 escuelas por conectar.
Al parecer, entre las carteras habrían surgido diferencias de miradas sobre el uso de recursos que bien podrían servir para expandir la conectividad satelital en el país; y esto habría impuesto un cambio radical.
¿Qué pasará en adelante? ¿Cómo continuará la estrategia de conectividad escolar? ¿Cómo impactarán todos estos cambios en la ecuación del sector y de la industria? De momento, el escenario es de especulación, de análisis y de expectativa, y también de sorpresa.
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