La cuestión de la sustentabilidad de las cadenas de suministro, la circularidad de los materiales, la reutilización de dispositivos y la extensión de la vida útil de los equipos tecnológicos son una preocupación global de la industria, que fue planteado tanto en la agenda del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (MWC2024) como en los objetivos de desarrollo sostenible de Telefónica, por citar dos casos. Esta vez, la novedad surge en Uruguay, porque el gobierno decretó la creación su Reglamento para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que involucra el primer mecanismo que establece el tratamiento que debe recibir este tipo de desechos.
El Decreto 292/2024 -disponible aquí– cuenta con la firma del presidente del país, Luis Lacalle Pou, y sus ministros de Ambiente, Economía, Industrias y Salud; posee alcance nacional e incluye a todos aquellos aparatos eléctricos y electrónicos, fabricados o importados, a utilizarse en Uruguay.
Entre sus medidas, establece que los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y sus residuos, de uso general (AEE-G) y no general (AEE-NG) deberán ser gestionados según mecanismos específicos. La medida se funda en la lógica de la “responsabilidad extendida” al productor o importador y promueve la reutilización y reparación de los dispositivos, de cara a alimentar la economía circular.
Para ello, crea el registro de fabricantes e importadores que funcionará en la órbita de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental y propone facilitar los procesos de reciclaje para prolongar la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos.
Imagen: Melodi2/MorgueFile
Para el ministro de ambiente, Robert Bouvier, la medida “representa el fin de una etapa y el inicio de otra. La construcción de una norma no es solo pensar y redactar su contenido, involucra mucho más que eso. Se construyó el modelo de gestión, se crearon capacidades nacionales trabajando juntos -el sector público, privado y sociedad civil- y se avanzó en la concientización y la sensibilización para lograr un cambio en los hábitos de consumo y disposición final de los aparatos electrónicos”.
Los detalles: los plazos y los objetivos
Para propiciar la implementación del caso, el gobierno dispuso dos plazos para lograr las adecuaciones normativas para lograr los objetivos estratégicos. Por ejemplo, las metas de recuperación y valorización fueron previstas en dos años e involucra que se deberá poder recolectar el 40 por ciento de los RAEE generados ese mismo año, y que en un plazo máximo de cuatro) años, ese porcentaje deberá involucrar al 60 por ciento de los RAEE generados ese mismo año.
Inclusive, prevé que en un plazo de cinco años, se deberán valorizar el 85 por ciento de los residuos recolectados, es decir, que se logre el reúso de aparatos eléctricos y electrónicos o sus partes, el reciclado de materiales, así como otras formas de valorización, tales como la energética, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
A su vez, y en un plazo máximo de seis meses, los fabricantes o importadores de AEE-G deberán presentar al Ministerio de Ambiente un plan de gestión de RAEE o adherir a un plan aprobado e inscribirse en un registro que establezca la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental. En todos los casos, estos planes deberán estar operativos en seis meses y, al cabo de un año, sólo podrán importar o fabricar aparatos eléctricos y electrónicos de uso general (AEE-G), las personas físicas o jurídicas registradas, que hubieran adherido o cuenten con un plan de gestión de RAEE aprobado.
Otra de las creaciones establecidas en esta normativa es la del registro de reparadores y servicios técnicos, que funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) y el Observatorio Ambiental Nacional. Además, establece multas y prohibiciones.
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