La noticia circulaba desde hace días, con la fuerza de un rumor que nadie se decidía a confirmar y que, hace instantes, informó el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni: se re licitará el espectro radioeléctrico que está en poder del Estado. Se trata de los 100 MHz que dedicó a la empresa satelital argentina Arsat en el marco de la subasta para dar inicio a 5G, y otros 50 MHz que reservaba el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Pero no sólo eso, también adelantó que correrán la misma suerte los contratos de conectividad escolar, cuestionó el cumplimiento de las operadoras ante el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) y garantizó que se revisarán las condiciones de competencia. La motosierra no terminó.
Mercado, mercado, mercado
“El gobierno Nacional tomó la decisión de ampliar la oferta en el rubro de las telecomunicaciones. De esta manera se van a implementar una serie de medidas para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector apuntando a lo que queremos, en todos los ámbitos, que es mayor competencia, mejor servicio y menor precio. En primer lugar, el Gobierno va a poner a disposición los 100 MHz de espectro que el Estado Nacional le reservó a Arsat para comunicaciones móviles y que no está utilizando, además de los 50 MHz que se encuentran en manos del Enacom. Estas bandas de frecuencia se van a utilizar para el servicio de 5G. La habilitación de estos activos va a impulsar las inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones en el país, con mejores condiciones de prestaciones de servicios y menos privilegios de las empresas públicas”, dijo el funcionario público en la conferencia de prensa ofrecida este lunes 21 de octubre.
Desde el comienzo de la gestión de la actual administración de gobierno se plantearon varios posibles destinos para Arsat, pero el que siempre sonó con más fuerza fue el de su privatización. Y la noticia de poner a disposición del mercado aquel espectro que estaba en su poder, es doblemente significativo en días que se celebra el décimo aniversario de haber puesto en órbita el ARSAT-1, resultado del trabajo mancomunado del Estado, la empresa argentina de alta tecnología INVAP y el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA); en una apuesta por la soberanía tecnológica y de las comunicaciones del país.
Hace una decenas de meses, TeleSemana.com ponía en contexto que uno de los principales activos de esta empresa era, justamente, su capilaridad terrestre: la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) cuenta con 32.804 kilómetros iluminados y 1.146 nodos operativos en 1.129 localidades en todo el país; cuyo tendido le permitió llegar con conectividad satelital gratuita a más de 170 localidades remotas durante la administración pública anterior.
Más cerca en el tiempo, hace algunas semanas, fue la Cámara Argentina de Telefonía IP y Comunicaciones Convergentes (CATIP) la que desafió a sus pares a aprovechar los recursos de Arsat y a hacerlo de la mano con las cooperativas, otros actores entre los que también estan las tres principales operadoras locales, Claro, Telecom y Telefónica. E, inclusive, ya se comentaba la posibilidad de que se ofreciera espectro disponible para 4G y 5G para activar el mercado secundario.
Y continuó Adorni con el anuncio en el que también apuntó a la conectividad escolar: “El Estado Nacional va a impulsar la relicitación para el contrato de provisión del servicio de conectividad en las 16.000 escuelas que se encuentran a lo largo y ancho del país, que es representativo de un contrato por 60.000 millones de pesos anuales”.
Cabe recordar que, hace tres años, Arsat anunciaba el inicio de un plan trianual para llegar con conectividad a las 42.630 escuelas públicas que existen en el país, en las que se emplazaba, en ese momento, el 90 por ciento de la población estudiantil local. El horizonte de largo plazo involucraba brindar el servicio a los 9.700.000 de alumnos que el país registraba en 2021.
El FSU, un territorio en disputa
El FSU es debatido desde hace años. Sus defensores explican con casos concretos sus logros. Por ejemplo, los 1.211 barrios populares a los que el Ente conectó en los tres años que funcionó el Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap). Sin embargo, este programa fue desafectado.
En la conferencia que Adorni ofreció esta tarde, se agregó que “la AGN (N. de R: siglas de Auditoría General de la Nación) realizó una auditoría sobre la gestión del Enacom vinculada a la administración de los fondos provenientes del Fondo Fiduciario de Servicio Universal. El período auditado comprende del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020.
“Por último, siguiendo los lineamientos del decreto 70/2023 que incluyen modificaciones a la Ley 27.078, Enacom va a derogar la resolución 1491/2020, asi como también la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de programación -continuó Adorni-. Con esto, van a quedar corregidas las asimetrías entre los servicios TIC y los servicios audivisuales”.
Y agregó: “La auditoría arrojó como resultado que las empresas Telecom y Telefónica debían más de 3.000 millones de pesos en conceptos de aportes de inversión al fondo antes referido. Por su parte, Telecom abonó los intereses moratorios dos años después desde su liquidación original. Este trabajo dejó en evidencia que el Enacom omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas ante el propio Enacom”.
Al respecto, TeleSemana.com consultó a diversos actores del mercado local en una tarde en la que prima el análisis y el silencio. Telefónica y Telecom ofrecieron una respuesta oficial. “Telefónica ha cumplido desde siempre son sus obligaciones por el Servicio Universal. Hizo los pagos correspondientes desde el primer momento en que se constituyó el Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Cumplió desde el origen con los programas de Servicio Universal definidos en la regulación vigente en cada momento. Presentamos al regulador las declaraciones juradas desde que se dispuso la obligación de hacerlo. La autoridad realizó algunas observaciones que fueron respondidas por Telefónica en procedimientos administrativos que todavía están en trámite”.
Imagen: krosseel/MorgueFile
Por su parte, Telecom aseguró que “cumple y ha cumplido siempre con todas sus obligaciones regulatorias, incluidas las relativas al Servicio Universal, efectuando aportes millonarios que la convierten en el principal aportante a dicho fondo. Sólo en lo que va del año 2024, Telecom lleva aportados más de 12.000.000.000 de pesos argentinos” (más de 12.000 millones de dólares),
Respecto a la deuda de 3000 millones de pesos al Fondo de Servicio Universal, “Telecom ha ejercido en sede administrativa las defensas correspondientes, por entender que ha realizado prestaciones por encima de sus obligaciones regulatorias.”. Además, señaló que “ha sido auditada anualmente respecto de la composición e información contenidas en las Declaraciones Juradas presentadas ante la autoridad competente y todas las intimaciones recibidas han sido respondidas siempre en tiempo y forma”.
En la conferencia ofrecida, el vocero presidencial argentino también apuntó a que “el Gobierno Nacional iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará un proceso de exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la Nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria. Estas medidas van a permitir un adecuado análisis de las condiciones de mercado y la protección de los derechos de los consumidores. De esta manera, el Gobierno trabaja constantemente en el programa de desregulación, apertura de mercado, y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad o condiciones de prestación de los servicios”.
Motosierra, también, en otro orden de las cosas
Además, el anuncio involucró dos noticias de corte fiscal. Que se eliminarán las exenciones del Impuesto al valor agregado (IVA) que beneficiaba a los medios de comunicación (diarios, revistas y publicaciones periódicas, impresas y digitales), y se eliminó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se convertirá en una entidad más pequeña y pasará a llamarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Debe estar conectado para enviar un comentario.