El objetivo del gobierno de Brasil es hacer, invertir, achicar las brechas y garantizar la conectividad y, con ese norte, avanza la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que, por estas horas, anunció la conversión de una multa de 31.200.000 millones de reales (5.486.195 dólares) en obligaciones de hacer e inversión.
Para el regulador, este enfoque de convertir multas en inversiones implica tener “un enfoque más proactivo y beneficioso para la sociedad, promoviendo la inclusión digital y mejorando la calidad de los servicios de telecomunicaciones en zonas desatendidas”. Por ello, los requerimientos están vinculados a la expansión de las redes de fibra y de 4G de parte de Claro a raíz de incumplimientos sancionados.
En adelante, el operador tendrá un plazo de 60 días para comunicar a la Anatel su opción de adherirse a las sanciones obligatorias y, luego, el regulador monitoreará el cumplimiento efectivo.
Los motivos de la multa a Claro
La decisión corrió por cuenta del Consejo de Administración de la Agencia y se enmarcó en las multas que surgieron de cuatro procesos sancionadores, entre ellos, los vinculados al incumplimiento del Reglamento General de los Derechos del Consumidor de Servicios de Telecomunicaciones (RGC).
Al respecto, fue el consejero Vicente Aquino quien precisó que se acumularon 8,3 millones de reales (1.459.468 dólares) y quien dijo haber sugerido las penalidades en inversiones que permitan multiplicar la cantidad de estaciones base 4G y tendidos de fibra óptica de alta capacidad en zonas desatendidas.
“Nuestras propuestas para la expansión de la infraestructura de fibra óptica y el aumento de las redes 4G tienen como objetivo garantizar que más brasileños tengan acceso a Internet de alta velocidad”, dijo Aquino y agregó que “la verdadera inclusión social ocurre a través de la inclusión digital” al valorarla “esencial para el desarrollo económico del país”.
Otros dos casos son los que denunció el consejero Alexandre Freire, por 22,9 millones de reales (más de 4 millones de dólares), que también se transformaron en obligaciones de expansión de las redes 4G (con preferencia en aldeas indígenas y comunidades quilombolas, y en la conectividad de las escuelas públicas de educación básica). Ambas, dos objetivos centrales en la estrategia de achicamiento de la brecha digital en el país.
“Uno de los beneficios de aumentar la conectividad es contribuir a mejorar la información de los consumidores, permitiéndoles tener un mayor conocimiento de los servicios de telecomunicaciones y de sus derechos como usuarios”, dijo Freire. Valoró, a su vez, que “la masificación de la conectividad de banda ancha es un motor de inclusión digital y de inclusión social”, por lo que “contribuyen a la mejora del desempeño de los usuarios como ciudadanos”
Además, precisó que “indicar preferentemente aldeas indígenas y comunidades quilombolas fomenta la inclusión digital y el desarrollo social de estas comunidades, ofreciendo una serie de beneficios que resultan fundamentales para el ejercicio de los derechos y la mejora de la calidad de vida”.
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