La transformación digital involucra desafíos técnicos y tecnológicos pero también humanos, que se revelan en los procesos productivos pero también la forma en que las sociedades se piensan, se ordenan y se organizan. Por estas horas, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, a través del Sistema Electrónico de Información (SEI), presentó un documento en el que aborda el poder social de los servicios digitales y se pone el foco en la cuestión del cuidado de los datos personales. El trabajo se ofrece como punto de partida para pensar una futura la regulación posible porque, para construirla, urge entender el tema, sus potencialidades y sus riesgos. Y, en ese marco, las telecomunicaciones ameritaron un apartado.
Si, el gobierno de Brasil está preocupado por las implicancias que los servicios digitales y las plataformas le imprimen a las democracias, donde el ejercicio de la libertad (en todas sus acepciones) está en debate, y la lucha contra la desinformación y la protección de los datos resultan aspectos nodales. En el medio, la forma en que se alimenta y educa a los algoritmos, el rol de las big techs o de las plataformas en línea de gran escala (que concentran 45 millones de usuarios mensuales sólo en la Unión Europea, como Google, Meta, Amazon, entre otros) son algunas de las experiencias que se observaron con detenimiento.
Imagen: Mctic
Se busca elaborar herramientas que le permitan al Estado de Brasil poder avanzar hacia una regulación que, en sintonía con lineamientos internacionales, se tome en consideración el “complejo y multifascético” mundo de los servicios digitales y sus implicancias en la vida de las poblaciones: los vinculados al trabajo (como la digitalización, la dataficación y plataformatización), y al avance de innovaciones como las dadas por la inteligencia artificial (IA), entre otros.
Este abordaje fue iniciado en 2022 entre el Centro de Estudios Superiores en Comunicaciones Digitales e Innovaciones Tecnológicas (Ceadi) y la Universidad de Brasilia (UnB) y ahora se presenta en casi 500 páginas, que organizan el contenido en cuatro grandes aspectos: la cuestión de la libertad de expresión, el diseño institucional de la Justicia Electoral local para abordar la regulación de las expresiones de índole político en Internet, la protección de datos en el sector de las telecomunicaciones y los impactos en el mundo del trabajo en los servicios y plataformas digitales.
¿Y las telcos?
“El desempeño institucional de todas las entidades del sistema es relevante en el contexto de la interfaz entre la protección de datos y el sector de las telecomunicaciones como lo demuestra la investigación realizada por el Idec en 2021, entre los casos de protección de datos en los que actuó el Senacon”, dice el informe y refleja los resultados de una encuesta en la que el 11,1 por ciento de las respuestas cuestionaron la protección de datos que le ofrecieron las operadoras de telecomunicaciones, por debajo del 37 por ciento que apuntó contra las instituciones bancarias y el 22 por ciento que cuestionó a las grandes tecnológicas.
La discriminación del consumidor (cuatro por ciento), el intercambio de datos no autorizados (18 por ciento), la violación de seguridad (22 por ciento) y la falta de base jurídica (56 por ciento) se ubicaron entre los temas más recurrentes en aquella encuesta donde las operadoras telcos estuvieron involucradas, sobre todo, en casos encasos de violaciones de seguridad.e Intercambio de datos no autorizados.
Pero las telcos están en el debate. El informe –que está disponible aquí– preparado por el Centro de Políticas, Derecho, Economía y Tecnologías de las Comunicaciones (CCOM/UnB) busca “corroborar con debates” el poder social de los servicios digitales a partir de la cuestión de la protección de datos en el sector de las telecomunicaciones” y advierte sobre la centralidad del procesamiento de datos masivos que posibilita e impulsa el avance de las tecnologías como las de IA.
Se comparan las regulaciones locales y del mundo y se pone en contexto la preocupación a partir de formular un ejercicio de legislación comparada, con la referencia de las instituciones que en Brasil tienen incidencia, de cara al sector telco: la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), la Anatel y el Sistema de protección al consumidor.
El sector de las telecomunicaciones “se enfrenta a una gran cantidad de datos personales en sus actividades, siendo necesaria la adopción de mecanismos eficaces de gobernanza de datos que garanticen la seguridad de la información y cumplimiento de las condiciones de legitimación del tratamiento de datos”, dice el documento y se refiere a la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPD, por sus siglas en inglés) y a la Constitución Federal.
También plantea los desafíos. Por ejemplo, que la existencia de legislación específica del tema es reciente y que para aplicarla se requiere la intervención de la ANPD y del Poder Judicial, o que hay varias instancias de aplicación y que es compleja la coordinación de las intervenciones.
“En una sociedad cada vez más centrada en el uso de datos, y con la rápida evolución de sofisticados sistemas de inteligencia artificial, la adecuación de mecanismos de garantía de derechos y reflexión sobre los nuevos desafíos que estos sistemas aportan es esencial”, dice el trabajo e insta a la actualización del Reglamento General de Derechos del consumidor de servicios de telecomunicaciones (RGC).
Plantea, por ejemplo, la necesidad de especificar cuestiones vinculadas al telemercadeo y sumar requisitos de seguridad contra el fraude, al calor de haber registrado mayores incidentes de estafas propiciadas por la IA generativa.
El abordaje es profundo y oportuno. Hace pocas semanas, en la última Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) se planteó la necesidad de avanzar en una gobernanza de datos que vaya al ritmo de la evolución de la innovación en general… y de la de la IA en particular. A su vez, en lo que a la región respecta, Chile acaba de renovar su normativa, mientras que en la Argentina se avanzaba en el mismo sentido, pero desde hace casi un año no hay novedades del tema). Por lo pronto, el planteo esgrimido en Brasil hace pensar que se está en la antesala de un largo y complejo debate regulatorio.
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