Los operadores de telecomunicaciones presentaron objeciones al cartel 5G publicado en Costa Rica por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), y esto involucró un nuevo aplazamiento a un proceso que ya cuenta los días y los meses de retardo. Sin embargo, para muchos especialistas se trata un replanteo “positivo” porque aclara el panorama y no desestiman que se repita cuando se publique el nuevo texto de condiciones, la semana próxima. Aquí, el ida y vuelta, pero también las perspectivas del escenario de una subasta de espectro muy esperada por ser la habilitadora del desembarco de la quinta generación móvil en el país.
¿Qué pasó?
La subasta de espectro para 5G no es un hueso fácil de roer en Costa Rica. Luego de varias dilaciones administrativas y una consulta pública, que ya involucró un ajuste de la letra de condiciones, se presentó la propuesta definitiva para poner a disposición casi 4.000 MHz en una ecuación no recaudatoria (de 90 por ciento del valor a cambio de compromisos de despliegue y un 10 por ciento de pago por espectro) para priorizar la conectividad. Sin embargo, en lugar de propuestas, los operadores expusieron objeciones.
El llamado se lanzó hace un mes, cuando la Sutel y el Micitt anunciaron la realización de su licitación de espectro radioeléctrico para dar inicio a la quinta generación móvil en el país, y ofrecer 90MHz en la banda de 700MHz, 100MHz en la banda de 2.300MHz, 300MHz en la banda de 3.500MHz, 1.250MHz en la banda de 26GHz y 2.000MHz en la banda de 28GHz.
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Sin embargo, en esos 20 días que tenían los operadores para presentar sus propuestas, se tradujeron en un nuevo plazo para presentar cuestionamientos, que debieron ser evaluados por la Contraloría General de la República y que generaron un nuevo aplazamiento. Algunos de esos planteos fueron admitidos y, ahora, deberá publicarse un nuevo pliego de condiciones.
En este punto, cabe señalar que la transparencia que la Sutel le imprime al proceso permite ver el ida y vuelta de cada instancia en su portal web; sin embargo, esa percepción de simplicidad en el acceso a esa información no involucra que el asunto en sí también lo sea.
Conviene no olvidar, además, que la prestación 5G ya se ofrece de forma comercial en el país, luego que operadores como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Liberty -que en medio de todo este proceso se fusionó con Milicom– anunciaran la prestación a través del espectro disponible.
Las objeciones
Claro y Liberty, por ejemplo, argumentaron que las obligaciones de despliegue de infraestructura no eran equitativas porque aquellos operadores que ya poseen espectro asignado reciben mayores imposiciones de despliegue. Inclusive, plantearon que las obligaciones de cobertura en la banda de 700 MHz, que incluyen áreas rurales que no están habitadas, involucran una carga desproporcionada.
Por su parte, el ICE, que no puede participar de la subasta de bandas medias debido a una sanción administrativa por mal uso del espectro en el bloque de 2600 MHz, objetó -justamente- esta inhabilitación.
Por su parte, la Contraloría aceptó “parcialmente” los argumentos de Claro y el Ice; declaró “sin lugar” al interpuesto por Liberty, y dio por agotada a esta instancia administrativa.
Como consecuencia, en la tarde de este jueves, la Sutel anunció que “atendió todos los señalamientos de la Contraloría General de la República (…), ajustó el documento y retomará el cronograma de acciones que estaba suspendido mientras el ente contralor resolvía las objeciones”.
“Las modificaciones al pliego de condiciones serán publicadas en los próximos días en el Diario Oficial La Gaceta y a partir de ese momento ajustaremos los plazos establecidos en el cronograma de trabajo; según lo previsto por Sutel, podríamos estar recibiendo ofertas de los potenciales oferentes en la última semana del mes de octubre. En su mayoría se trata de ajustes aclarativos y de forma para precisar determinados elementos”, ponderó Cinthya Arias Leitón, presidenta del Consejo Directivo de Sutel.
La mirada del Micitt
En diálogo con TeleSemana.com, Hubert Vargas, viceministro de Telecomunicaciones, valoró como “natural” que los operadores presentaran objeciones y alertó, inclusive, la posibilidad de que exista un nuevo repechaje de cuestionamientos.
“Básicamente, (los operadores) piden que haya mayor claridad a nivel de seguridad jurídica y que se incluya un plazo claro y razonable para el cumplimiento de las obligaciones del despliegue de infraestructura”, dijo y consideró que esos planteos son “positivos” porque permiten aclarar el proceso.
El funcionario también señaló la petición de tener “prórrogas en situaciones justificadas” y que se replantee la redacción de la metodología que tiene la Sutel para evaluar el cumplimiento en función de topes de espectro, además de que uno de los operadores hizo un “alegato (…) por una presunta desigualdad en las obligaciones que tenían”, pero que la Contraloría valoró que no estaba lo suficientemente probado y argumentado.
En ese sentido, el viceministro confirmó que el cartel estaría publicándose la próxima semana y apostó a que “desde el Poder Ejecutivo, daremos apoyo a la publicación, pero es probable que se puedan abrir nuevas ocasiones, que haya otra ronda de impugnaciones, y eso nos daría un retraso de dos o tres semanas adicionales”, estimó Vargas.
En cuanto al planteo del ICE, Vargas estimó que “ya tiene suficiente espectro asignado y conservan bloques para distintos usos (en bandas bajas, medias y altas)”, además de precisar que “en las milimétricas, tienen porciones importantes que también pueden ser utilizadas específicamente para 5G”.
En su mirada, se trata de “una situación histórica de percepción, por parte del operador estatal, de que no hay condiciones de competitividad ni de competencia igualitarias. También, los operadores privados alegan que hay distorsiones de la competencia, debido a los bloques de espectro que aún conserva el ICE. Entonces, nosotros debemos manejar esta situación, navegar en medio de las dos posiciones que están totalmente al extremo y no permitir que esto frene el desarrollo del país”.
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La mirada de los expertos
TeleSemana.com también conversó con especialistas y ex funcionarios de gobierno sobre el estado de situación. En ese sentido, Edwin Estrada abogado experto en Telecomunicaciones de Ecija Legal, que ya había echo público su cuestionamiento sobre la falta de garantías del proceso, valoró como positivo que los operadores pudieran objetarlo porque esto “les da la posibilidad de hacer sus análisis económicos y su caso de negocio, para decidir si van a participar o no; les da seguridad jurídica para participar”.
“Estoy muy confiado de que efectivamente van a participar los operadores y al final, vamos a tener espectro para 5G, pero no hay que perder de vista todo el proceso. Soy muy positivo con el tema de las bandas medias y bajas, pero tengo cierta reticencia por las bandas altas. Por sus características, requieren de mucha infraestructura y mucha inversión” consideró Estrada y apostó a que “haría que estas bandas altas pudieran ser utilizadas en sitios muy específicos y muy pequeños pero, tal como está el cartel, está establecido para zonas más amplias de cobertura. Y ahí sí me preocupa que los operadores dejen de apostar por estas bandas altas”
Sobre las cuestiones pendientes, Estrada recordó que el Ejecutivo (a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte) aún tiene que emitir el reglamento relacionado a las especificaciones técnicas en carreteras. “El Poder Ejecutivo tiene que hacer un gran esfuerzo. La Ley de Infraestructura salió hace dos años y el Poder Ejecutivo ni siquiera ha emitido el borrador de reglamento para sacarlo a consulta. Este es un tema que hay que llamar la atención porque, al final de cuentas, no es solamente licitar espectro y publicitar, sino que se debe licitar para que se use efectivamente de acuerdo con la ley y con los contratos”.
Estrada, además, apuntó a la necesidad de reforzar la política pública vinculada a la alfabetización digital, pero apostó a que “ya están claras las reglas del juego, hay que esperar los pasos y el plazo establecido para que los interesados puedan presentar sus documentos y para pasar a la segunda etapa; que la adjudicación se pueda dar sin la menor dilación”.
Hannia Vega, consultora internacional de telecomunicaciones, también conversó sobre el tema con TeleSemana.com e hizo un planteo que va mas allá del cartel y que pone el foco en el futuro de 5G en el país.
En su mirada, “esa combinación mixta de incluir metas concretas en zonas geográficas que no tienen las condiciones de conectividad elevadas hoy, mantiene la complejidad del acercamiento de cualquier operador por lo que significa el despliegue de 5G. Se podría promover una participación, sí, pero con un pago de espectro que no lleguen a las expectativas de lo que quizás la política pública espera”.
“Todos hemos dicho siempre que el proceso para 5G debería promoverse a partir de un concurso donde el espectro no fuera el oro y apostar por plazos cercanos, máxime en el caso costarricense, que llegamos tarde a la licitación, y que la inversión se fuera en lo que es relevante para el consumidor, que es la rapidez del despliegue de la infraestructura” sostuvo Vega y señaló que, a pesar de toda la prórroga acaecida “eso no significó que el grupo de TICs no creciera y que no se estuviera haciendo contenido, aplicaciones y demás (para 5G), y que también se perdieran expectativas de inversión (…) entonces, no se si serán suficientes los aportes para equilibrar nuevamente esa posición estratégica”.
Para Vega, hay mucho por hacer aún. “No me convenzo que el formato (propuesto en esta subasta) sea lo suficientemente atractivo y espero equivocarme”, confió y sinceró que “hubiera preferido un espectro menos costoso a cambio de un despliegue más rápido o plazos para la inversión más cortos para el despliegue”. Ella hubiera preferido un concurso de belleza, algo que nunca se implementó en Costa Rica y, al igual que Vargas, deslizó la posibilidad de hacer un reajuste adicional.
“Yo prefiero, por el país, por lo que ya tardamos, porque ya hay países que compiten en el mercado por este tipo de inversión y que han avanzado más que a nosotros, hacer una licitación absolutamente atractiva. Sí, prefiero corregirla en una segunda ronda de consulta, a que irme con un cartel que no sea atractivo y que genere que alguien no participe, porque va en detrimento de la competencia y del país. No sería la primera vez que se haga una segunda ronda de consulta”, aseguró Vega.
Por ello, esta especialista en telecomunicaciones con trayectoria internacional redobló la apuesta, por entender que la complejidad del caso radica en el cambio de paradigma que encierra la introducción de esta evolución de las comunicaciones.
“Esta es la tercera vez que se hace un concurso en Costa Rica. El primero se hizo cuando yo era viceministra, el segundo se hizo cuando yo estaba de reguladora y este es el tercero. Sin embargo, este proceso es más complejo que el primero y el segundo juntos porque involucra un cambio de paradigma, no es una licitación nada más. Y el cartel tiene que promover eso, incentivar la mayor posibilidad para el concursante y sus propuestas más que sacar el cartel por cumplir un plazo. Ya estamos muy tarde de todas maneras: entonces, muy tarde y no atractivo, es el peor de los mundos. Pero estoy segura que la Sutel va a apostar a una licitación atractiva por encima de cualquier variable política”.
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¿Y el reglamento de ciberseguridad?
En medio de todo este contexto, el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores que, emitido hace un año está frenado por la interposición de medidas cautelares.
Hace cuatro semanas, un nuevo fallo de una sala Constitucional local respaldó al Gobierno en su potestad a implementar este Reglamento de Ciberseguridad, y sentó un precedente más en la misma línea argumentativa que la Justicia viene dando a este debate. Sin embargo, la medida continúa suspendida y representa un escenario “latente”.
“Hemos recibido cuatro procesos judiciales pero ya hay dos respuestas de la Sala Constitucional que han reforzado al reglamento, que han dicho que no transgrede ningún tratado internacional, ni ningún derecho fundamental y que tampoco representa un obstáculo al principio de igualdad y de competencia. Y esto es lo más importante, porque la Sala Constitucional, a nivel jerárquico, es la última instancia”, evaluó el viceministro del Micitt y recordó que aún se espera la definición sobre los pendientes que mantienen detenida su aplicación.
Sobre este punto, Estrada propuso “mantenerlo en el radar” porque “si bien es cierto que está suspendido por la medida cautelar del contencioso, es importante tener tenerlo en el radar, porque si se resuelve -de una u otra manera- podría tener un impacto en esta licitación”.
A este “impasse jurídico en el que está el reglamento también hay que verlo dentro del contexto de los eventos jurídicos que ya se han ido resolviendo”, agregó Vega y apostó a que “si los recursos ante la Sala Constitucional han resuelto a favor del decreto y de la potestad política del Estado en materia de ciberseguridad, es muy difícil pensar que un contencioso administrativo no dé un resultado igual”
¿Qué pasa, entonces, con el Reglamento y con las obligaciones que se imponen en el cartel? Depende de cuándo se destrabe su cuestión jurídica y de cuándo se firmen los contratos de asignación de recursos, para saber si los operadores están (o no) obligados a cumplirlo. Sin embargo, estas son especulaciones hipotéticas sobre lo que podría (o no) pasar. Con lo que sucede hoy y ahora, ya hay bastante. Esta historia, continuará…
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