En Costa Rica sigue abierta la discusión por el Reglamento de Ciberseguridad, estrategia prevista por el Estado para condicionar el despliegue de la infraestructura de 5G pero judicializada al punto de estar suspendida en pleno proceso de subasta espectral. Sin embargo, un nuevo fallo de la sala Constitucional local esperanza al gobierno y reaviva la polémica.
A dos semanas de haberse anunciado la publicación del cartel de llamado a licitación de casi 4000 MHz de espectro radioeléctrico para dar marcha a los servicios de quinta generación móvil en el país, y en los días previos a que concluyan los 20 días disponibles para que los operadores de telecomunicaciones eleven sus propuestas, sigue abierto el debate en torno al Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores. Texto que alude al más comúnmente llamado Reglamento de Ciberseguridad, presentado hace exactamente un año.
Sucede que un nuevo fallo de la sala Constitucional local ofreció cinco argumentos para confirmar que es viable la implementación del reglamento por considerarlo parte de potestad que posee el Estado. En ese marco, el presidente del país, Rodrigo Chavez, y la titular del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, ofrecieron una conferencia de prensa -disponible aquí– en la que se detalló el estado de situación de la judicialización del decreto que instaura al Reglamento de Ciberseguridad.
¿Qué dice el nuevo fallo?
Se trata de la sentencia N° 2024-002222, a la que TeleSemana.com tuvo acceso, en la que se precisa que “lo correspondiente es declarar sin lugar el recurso” y que es uno de los cuatro mecanismos legales que se interpusieron contra el reglamento.
Para Bogantes, este nuevo fallo de la sala Constitucional es “importante” porque los magistrados respaldan la iniciativa oficial. Entre los cinco argumentos presentados, se precisa que es potestad del gobierno definir las reglas del juego técnico cuando se habla de 5G y ciberseguridad; que no establece disposiciones de imposible cumplimiento de las compañías; que no discrimina a empresas en particular; que no transgrede la constitución ni los tratados internacionales y cinco, la neutralidad tecnológica, que cumple con el reglamento y que es competencia del Estado.
“El Estado tiene la competencia para definir las reglas del juego y si el juego incluye, además, el resguardo de la seguridad nacional y de la protección del dato, la Sala dice que es competencia del Estado volverse -si se quiere- más exquisito a la hora de definir las reglas del juego”, resumió Bogantes.
El debate sigue abierto
Bogantes repasó la cuestión: “Huawei presentó un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad ante el decreto que fue rechazado por la sala constitucional; acto seguido, ante la sala Contenciosa presenta una medida cautelar, que también fue rechazada por el Juez y, actualmente, queda la medida cautelar solicitada por dos sindicatos del (Grupo) ICE, que siete meses más tarde sigue sin ser resuelta por el Juez itinerante que lo está llevando adelante (…), y es una medida cautelar con medida provisionalísima”.
En ese marco, ambos funcionarios volvieron a reclamar a la Justicia que defina el tema, sobre todo porque hace siete meses se le activó a la causa una condición de urgencia que no se verifica en el proceso de resolución, y valoraron que esta mora pone al Grupo Ice en desventaja, al suspenderle “la posibilidad de licitar equipamiento para poder comenzar el despliegue de 5G” e impedirle posicionarse “en la carrera por la viabilidad de mercado”.
A la fecha, de los cuatro recursos legales que pesaban sobre el Reglamento de Ciberseguridad: tres ya fueron rechazados y sólo queda vigente la medida cautelar.
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