¿Por qué el Fondo de Servicio Universal podría ser considerado inconstitucional en Estados Unidos?

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó que el método utilizado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) para financiar el Fondo de Servicio Universal (FSU) es inconstitucional, pero para el regulador es una decisión “errónea”. La prensa internacional señaló que los siete disidentes del fallo cuestionaron la mirada adoptada por el tribunal al considerar que el FSU recauda tasas administrativas y no impuestos. La cuestión llegaría a la Corte Suprema.

“Esta decisión es errónea” dijo Jessica Rosenworcel, presidenta de la FCC en el comunicado oficial publicado en las últimas horas por el organismo pues aseguró que “pone patas arriba décadas de apoyo bipartidista a los programas de la FCC que ayudan a que las comunicaciones lleguen a los hogares más rurales y menos conectados de nuestro país, así como a los hospitales, escuelas y bibliotecas. La opinión refleja una falta de comprensión del esquema estatutario que ayudó a crear la mejor y más amplia red de comunicaciones del mundo. Buscaremos todas las vías disponibles para su revisión”.

El dictamen del Tribunal del Quinto Circuito se impuso por nueve votos a siete, por lo que el FSU, tal como se lo administra en la actualidad, fue considerado inconstitucional. En los fundamentos se argumentó que se trata de un “impuesto mal concebido”, que viola el primer artículo de la Constitución, en el que se establecen los poderes legislativos que se le otorgan al Congreso.

En las más de 100 páginas que integran el fallo -disponible aquí-, realizado a partir del planteo de la agencia de protección al consumidor Consumers’ Research -disponible aquí-, se brinda un repaso de la historia del FSU y fija su posición: “En la Ley de Telecomunicaciones de 1996, el Congreso delegó su poder impositivo a la Comisión Federal de Comunicaciones. Luego, la FCC subdelegó el poder impositivo a una corporación privada. Esa corporación privada, a su vez, se basó en compañías de telecomunicaciones con fines de lucro para determinar el monto que los ciudadanos estadounidenses se verían obligados a pagar por el impuesto al “servicio universal” que aparece en las facturas de teléfonos celulares en todo el país. Sostenemos que este impuesto descabellado viola el Artículo I, § 1 de la Constitución”.

Según publicó Fierce Networks, para Blair Levin, analista de investigación de New Street, es probable que el FSU continúe operando bajo el status quo hasta que la Corte Suprema se pronuncie, quizá en junio de 2025, además de asegurar que esta consideración influye en todo el ecosistema del sector.

La comisionada de la FCC Anna Gómez, también se expresó a propósito de la decisión del Tribunal de Apelaciones de ese país y dijo estar “profundamente decepcionada por el fallo del Quinto Circuito sobre la constitucionalidad del Fondo de Servicio Universal”.

“El Fondo de Servicio Universal es un programa extraordinariamente exitoso que se erige como un modelo a nivel internacional para apoyar la conectividad universal. Esta decisión amenaza nuestra capacidad de cerrar la brecha digital a nivel nacional y nuestro liderazgo económico global. Sigo comprometida a garantizar que los consumidores en todas las regiones de la nación, incluidos los de bajos ingresos y aquellos que viven en áreas rurales y de alto costo, tengan acceso a una conectividad asequible”, agregó Gómez.

Fue su respuesta a la decisión de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito en la petición de Consumers’ Research sobre la constitucionalidad del mecanismo de contribuciones al Fondo de Servicio Universal federal,

Por su parte, la Asociación de Banda Ancha Rural (NTCA), la Asociación de Operadores Competitivos y la Asociación de Banda Ancha (USTelecom) emitieron una declaración conjunta al respecto. Allí advierten que el FSU “ha sido, y sigue siendo, una herramienta fundamental para reducir la brecha digital y ayudar a abordar las brechas de conectividad”.

“La decisión de la corte de hoy supone un duro golpe para estos esfuerzos y podría poner en riesgo la disponibilidad y asequibilidad de los servicios de comunicaciones esenciales para millones de estadounidenses rurales, consumidores de bajos ingresos e instituciones comunitarias de apoyo”, disparó el anuncio y los organismos apostaron a que “creemos firmemente que el Fondo de Servicio Universal es constitucional y seguiremos luchando por la conectividad universal”.

El debate está abierto.