Costa Rica quiere avanzar en la disponibilidad de espectro para 5G, en un contexto signado por medidas judiciales que pesan sobre la estrategia de ciberseguridad mentada, a la par que los operadores móviles avanzan con sus propuestas comerciales y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) asume que la disponibilidad del cartel definitivo está en su último tramo de definición.
En el marco de la conferencia de prensa semanal que Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, ofrece al país y que esta vez se extendió por más de dos horas, el primer mandatario se refirió a “la falta de avance en 5G” y consideró que “hay intereses muy fuertes (…) para que Costa Rica no tenga 5G”. Recordó que el primer decreto ejecutivo que firmó en su rol ejecutivo involucró, justamente, el poder dar este paso en el camino de la innovación de las comunicaciones y advirtió que, desde entonces, “los intereses multibillonarios que significa (este proceso) en inversiones, han atacado cada paso del camino”.
A su lado, Paula Bogantes, titular del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), repasó las acciones judiciales que buscan “suspender la ejecución del Reglamento de Ciberseguridad de 5G, y valoró que “se está afectando el interés público con el retraso y la falta de resolución definitiva por el juez a cargo, ampliando de manera anormal”.
La funcionaria denunció que “constataron inconsistencias” en el proceso judicial por el que se suspendió la implementación del decreto de ciberseguridad que ya involucra un parate de seis meses; a la par que intercambiaron con el primer mandatario sus miradas sobre las implicancias locales e internacionales de la medida, tal como se puede ver en el video completo, disponible aquí. Por ejemplo, se recuerda la cuestión geopolítica que involucra el adherir a acuerdos internacionales como, por ejemplo, el convenio de Budapest, pero también el hackeo que sufrió el país al inicio del mandato y que inspiró el desarrollo de políticas públicas y una estrategia de largo plazo.
Hace un semestre, el Tribunal Contencioso Administrativo local suspendió de forma temporal el “Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil y superiores”, por el que se inhabilita a las empresas chinas y/o de empresas provenientes de países que no convalidaran los acuerdos establecidos en pactos como el de Budapest, a participar de las infraestructuras que los operadores telcos utilicen para desplegar sus redes.
Una inhabilitación que, a los ojos del Micitt, sólo involucró un freno a ese aspecto y no a todo el proceso. Sin embargo, lo que sí generó fue un fuerte cuestionamiento a las condiciones específicas de la subasta en general y a ese punto en particular.
Por ejemplo, Edwin Estrada, abogado especializado en Regulación de Telecomunicaciones, consultor TIC, y ex viceministro de Telecomunicaciones de ese país puso en duda la seguridad jurídica que impone el proceso tal como está planteado, en diálogo con TeleSemana.com.
En la conferencia de prensa ofrecida por el Poder Ejecutivo también participó Marco Acuña, presidente ejecutivo del ICE, quien valoró que todo este contexto “está provocando un retraso en la adjudicación del sistema o la red de 5G en la institución” aunque admitió que ya comenzaron a dar servicios empresariales y fijos inalámbricos junto a Racsa. “A la parte masiva, que es el teléfono (móvil), la tenemos parada; estamos viendo un perjuicio en esa línea porque nos está retrasando la salida comercial del producto”, sostuvo.
En el comunicado oficial de aquel encuentro, además, se escuchó a Acuña decir que “el procedimiento concursal para que el ICE adquiera la red masiva móvil (…) se encuentra suspendido por la medida cautelar emitida por un Tribunal de la República a solicitud de una organización laboral del Instituto. Ya son cinco meses de espera, más de 150 días, y no hay una respuesta aún para los costarricenses. Hago un llamado respetuoso al juez que tiene a cargo el caso para que resuelva de urgencia el fondo de la medida y podamos ilusionarnos de nuevo con una red 5G que será para todos”.
Allí, inclusive, el presidente recordó que los operadores privados ya están ofreciendo esta tecnología a la que ponderó “el fentanillo cibernético” y alertó sobre la “exposición al riesgo” que esto involucra para el operador privado frente a la oportunidad de negocio que tiene la competencia. “Eso no es libre mercado, esos son falsos liberales”, valoró Chaves.
Sucede que Liberty Costa Rica acaba de lanzar su servicio comercial echando mano a su espectro disponible; mientras que Claro Costa Rica lanzó en abril su servicio en modo de prueba en dos fases con espectro experimental. La primera de esas fases involucra unas 20 zonas de cobertura y velocidades de hasta 1,7 gigabits por segundo en su acceso a Internet, tal como lo reflejó la prensa local Nación.
“El Gobierno de Costa Rica mantiene su posición de que el decreto es fundamental para garantizar la seguridad de los servicios prestados mediante redes móviles 5G y proteger los derechos de los ciudadanos a la privacidad y la confidencialidad de sus datos. Urgimos la resolución final de estos procesos legales que nos permita avanzar en la implementación de esta tecnología clave para el desarrollo del país, dijo Bogantes.
¿Y entonces cuándo?
La titular del Micitt precisó que se avanza con la Sutel y que el plan es el siguiente: antes que termine julio se hará la publicación del cartel para la subasta de frecuencias y, cuatro meses más tarde, la licitación de las frecuencias para el despliegue de 5G. Su expectativa, en ese sentido, es que la Justicia se exprese dentro de ese plazo respecto al reglamento tan cuestionado.
En sintonía, Cinthya Arias Leitón, la presidenta del Consejo de la Sutel, dijo días atrás a TeleSemana.com que “estamos a semanas de poder publicar el cartel definitivo de la subasta”.
Para que termine julio faltan, apenas, dos semanas.
