Los precios de los servicios TICs, en donde entran la telefonía móvil, Internet y la televisión paga, volvieron a estar liberados, tal como siempre ocurrió en esta industria. La intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tomó la determinación, en línea con las decisiones tomadas desde que se hizo cargo del regulador. Más allá de esta determinación, en el sector saben que no pueden aumentar por encima de la capacidad adquisitiva de los clientes que vienen reduciendo los servicios que contratar por no poder afrontar tantos ajustes.
La resolución 13/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial derogó todas las medidas tomadas en torno al ya extinguido decreto 690 -que impuso la intervención del Estado en la fijación de los precios de estos servicios- que fueron en el mismo sentido entre 2020 y 2023, algunas de ellas ratificando medidas anteriores.
El aumento de los servicios de telecomunicaciones, que sufrieron un fuerte atraso a partir de la decisión tomada en el marco de la urgencia de la pandemia y que se prolongó más allá de ella, vienen recomponiéndose a distinto ritmo: uno cuando comenzaron a salir las decisiones judiciales a favor de las empresas, otro fue cuando el Enacom decidió derogar el DNU. Lo cierto es que, pese a que la inflación oficial de mayo de 2024 fue de 4,2 por ciento, la más baja registrada en la Argentina desde enero de 2022, pero que en la comparación interanual fuera del 276,4 por ciento (aquí), los servicios que más aumentaron en este mes fueron los de telecomunicaciones, un 8,2 por ciento, de acuerdo a lo relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Tal vez por esto, en el informe sobre el estado de situación de Internet en la Argentina, dado a conocer esta semana por la Cámara Argentina de Internet (Cabase), se haya destacado que el 70 por ciento de los hogares de este país decidió reducir el servicio contratado, para pagar menos.
La decisión del actual gobierno y del Enacom en particular es desregular todo lo que se pueda para que el sector TIC actúe libremente. Esta misma semana, en el Encuentro Regional de Telecomunicaciones (Encregtel) realizado en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, ubicada a unos 370 kilómetros de Buenos Aires -y del que participó TeleSemana.com- Lucio Gamaleri, director de la Red Intercable subrayó: “No necesitamos que nos regulen demasiado. Necesitamos que el mercado, en cierta, forma se acomode. Hoy el 690 afortunadamente está afuera, pero si la gente no puede pagar lo que tiene o lo que puede haber en la tarifa imaginaria, la posibilidad de ahorro de las empresas es pequeña. Hay una realidad que te lleva, y el sector no necesitó nunca tanta regulación”.
Previo a ello, Alejandro Pereyra, uno de los interventores del Enacom había adelantado en el mismo escenario el objetivo de la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial. Había calificado al DNU 690 como “nefasto” -palabra muy extendida en la industria para recordar a esa norma- porque “modificó las relaciones entre operadoras y clientes al llevarlo a operador y usuario en condición de servicio público; es decir, modificó la esencia sustantiva del sector.
Pereyra valoró que “era volver a la doctrina de 1.980 donde servicio público era el instituto jurídico que se utilizaba para poder brindar servicios de economía de escala porque las empresas de ese momento (que podían darlo eran las públicas) y cuando el sector (privado) no tenía un gran desarrollo, con excepción de las cooperativas de aquel momento”.
Subrayó que la derogación del DNU 690 “restituyó la condición de servicios en competencia, poner en el lugar que corresponde, donde cada una puede flotarlos (los precios) y los clientes tienen una relación contractual”. Se trata de un convencimiento que tuvieron las autoridades del Enacom, en conjunto con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y la Jefatura de Gabinete de Ministros cuando se tomó la decisión de la intervención. Dentro de un mes finaliza el período de 180 días previsto para este proceso, orientado a darle orden al sector, y Pereyra ya anticipó que, una vez cumplido este tiempo, no continuará formando parte de la intervención.
Con la resolución de este jueves se cierra, entonces, un círculo destinado a que las operadoras puedan mover los precios de acuerdo a cuestiones macro y micro, donde la decisión final de contratación, de baja o de cambio pasa por los clientes, tal como lo dejó en evidencia el estudio de Cabase.
