Los ingresos del sector de las telecomunicaciones se redujeron un 38 por ciento entre 2012 y 2022. Esa situación impacta a la hora de definir inversiones para mejorar la cobertura y la capacidad de las redes. Un dato que no es menor si se tiene en cuenta que las operadoras que actúan en América latina tendrán que invertir unos 32.000 millones de dólares en los próximos años para desplegar redes móviles que soporten los crecimientos del tráfico de datos pronosticados.
Los datos corresponden a un estudio de la consultora NERA, que se dio a conocer durante el M360 en México, y que Telefónica Hispanoamérica respaldó en el marco de la discusión que se está dando en el sector en torno al fair share. Fue el marco en donde, además de reforzar el mensaje en torno a este tema tal como ya sucedió en marzo pasado en Barcelona, se alertó sobre la necesidad de revisar la regulación actual para que el sector de las telecomunicaciones sea sostenible.
Pese a la caída de los ingresos, el informe destacó que la demanda de conectividad aumentó y se espera que el tráfico móvil crezca un 28 por ciento año a año durante los próximos cinco, nivel que se ubicará en el 14 por ciento cuando se trata de las redes fijas. Para NERA, los operadores latinoamericanos tendrán que desembolsar unos 23.000 millones de dólares solo en costos de la red móvil para absorber el tráfico de Internet hasta el 2028. A ese monto, habrá que sumar otros 9.000 millones de dólares para adquirir espectro adicional.
“Para tener una región mejor conectada se requiere invertir, empresas comprometidas a largo plazo con brindar conectividad y que todos los actores del ecosistema digital contribuyan con el sostenimiento de las redes. Las autoridades deben apostar por una mejor articulación público-privada y priorizar objetivos de cobertura, así como evolucionar regulaciones obsoletas”, dijo José Juan Haro, director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos de Telefónica Hispanoamérica.
Para el ejecutivo, “el enfoque tradicional de las políticas públicas aplicadas a la industria, basadas en una fuerte carga tributaria, tanto fiscal como un elevado costo del espectro, y con foco en forzar un nivel de competencia que se ha demostrado insostenible en algunos mercados, ha llevado a una situación que pone en peligro la sostenibilidad financiera de la industria”.
La cuestión fiscal es un tema recurrente dentro del sector. Hace tres semanas, en el marco del Internet Day en la Argentina, un estudio del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata encargado por la Cámara Argentina de Internet (Cabase), dio cuenta de una carga tributaria promedio de 41,5 por ciento, proveniente de más de 20 impuestos y tasas varias, pero que puede llegar al 70 por ciento en algunos casos.
“Necesitamos ser competitivos en costos de conectividad para la economía. Pero si pagamos 17 por ciento de impuestos en bienes, 25 por ciento en software y licencias, la tasa del tres por ciento por derechos radioléctricos, otro 0,5 por ciento por tasa de control, uno por ciento por Servicio Universal, y 21 por ciento de IVA, ¿cuánto tenemos?”, detallo en esa oportunidad y en diálogo con TeleSemana.com, Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay.
Esa configuración impositiva impacta, sin dudas, en la estructura del mercado y en las posibilidades de las principales jugadoras de la industria a la hora de definir sus inversiones.
Por eso, Telefónica se ocupó de señalar, en el marco de la continuidad de la discusión planteada en México, que se debe abordar el problema de la sostenibilidad financiera de la industria de telecomunicaciones en América latina tanto desde el punto de vista impositivo como desde las regulaciones que pretenden estructuras de mercado alejadas del tamaño y nivel de rentabilidad que se obtiene en ellos. Se trata de aspectos que, más tarde o más temprano, ponen en riesgo la continuidad de los servicios
“Las telecomunicaciones son una industria de escala, por ello es clave que en cada país exista una estructura de mercado que promueva la competencia y que al mismo tiempo sea sostenible. Ya en 2018, la GSMA puso sobre la mesa el impacto negativo que tiene un excesivo número de jugadores sobre los niveles de inversión. La insostenibilidad de esas estructuras de mercado, con demasiados jugadores para el tamaño de los mercados, afecta al nivel de inversiones”, agregó Haro. Subrayó, en este sentido, que más allá del riesgo empresario los perjudicados terminan siendo las sociedades que no pueden contar con buena conectividad ni para sus ciudadanías ni para sus empresas y su desarrollo económico.
Para darle fuerza a sus palabras mencionó el caso de la consolidación de Oi en Brasil. Pero de fondo resonaban tanto la obligatoriedad de mantener a cuatro operadores móviles en Chile, donde Wom pidió la protección de bancarrota, como los esfuerzos regulatorios por incrementar competencia más allá de las posibilidades de cada mercado. El caso de Wom es significativo también en Colombia donde la misma Movistar y Tigo decidieron participar de manera conjunta en la licitación 5G para desarrollar de manera sustentable los despliegues que exigirá esa tecnología.
Haro sostuvo que el caso de Brasil, donde se pasó de cuatro a tres operadores nacionales se tradujo en “un aumento de inversiones y extensión de los servicios en beneficio de los clientes finales, en especial de aquellos con más necesidades y menores niveles de renta, salvaguardando una elevada competencia en el mercado”.
De ahí que Telefónica Hispanoamérica insista nuevamente en la necesidad de impulsar políticas y marcos regulatorios modernos donde la seguridad jurídica y la predictibilidad regulatoria sean un eje central y donde se avance en la desregulación y en los procesos de mejora regulatoria continua. Entienden que es el modo de asegurar que la industria retome la senda de la sostenibilidad financiera que permita contar con redes de telecomunicaciones modernas, de calidad y que lleguen a todos. Un mensaje que, en diálogo con TeleSemana.com, también había expresado Ana Valero, directora de Políticas Públicas de Telefónica Hispam, en la previa del encuentro de México.
El crecimiento futuro del tráfico, mayormente motorizado por lo que promete 5G y por la expansión de la conectividad, fueron los otros puntos enfatizados por esta operadora a partir del estudio de Nera. La llamada contribución justa o fair share es prioridad dentro del sector, y sin dudas el tema estará en la agenda durante toda esta década, aunque sin poder adivinar cómo se abordará entre los integrantes del ecosistema digital.
Lo que sí resulta necesario y urgente es una regulación que se adapte a los desafíos que plantea este milenio. Porque las del siglo pasado, por más que se hayan definido en los ´90 y en un marco de total apertura, hoy no tienen ni los mismos efectos ni acompañan evoluciones siquiera imaginadas en aquel entonces.
