En Uruguay cayeron en 37.000 la cantidad de suscriptores a la banda ancha fija, mientras que crecen los kilómetros de tendido de fibra óptica, según lo refleja el Informe de Mercado de Telecomunicaciones, que publicó la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), con los datos estadísticos a diciembre de 2023. En la comparativa de la evolución, se perciben cambios en los consumos, en un país recientemente reconocido – junto a Chile- por tener uno de los mejores indicadores de asequibilidad poblacional a sus datos móviles. En estos días, además, tiene lugar en este territorio un complejo debate regulatorio en torno a su Ley de Medios. Y, como si fuera poco, todo se inscribe en un proceso electoral, que en octubre se dirimirá en las urnas.
Si, a pocos días que el operador público uruguayo, Antel, anunciara que logró desplegar 300 sitios 5G a un año de lanzada la tecnología, con la expectativa de sumar 200 más para fin de año, y presentar un balance con ganancias, en la previa a la fiesta de sus primeros 50 años, el próximo 25 de julio, el regulador local presentó los indicadores que exhiben un panorama de las telcos en el país. La apuesta del operador implica, además, la generación de su ecosistema.
Los números de la Ursec
Si se pone la lupa en los servicios fijos, la telefonía fija en Uruguay decreció en ingresos y en cantidad de líneas: pasó de los 2.180 millones de pesos (56.244.000 dólares) a fin de 2022 a los 2.074 millones de pesos (53.509.200 dólares) en diciembre de 2023; mientras que la cantidad de líneas que mostraba una curva con un ascenso muy pequeño cayó repentinamente a las cantidades de 2020.
El informe también exhibe el crecimiento lento pero progresivo que existe en cuanto a la fibra óptica instalada, estimada en 12.485 kilómetros, 251 kilómetros más que el año anterior, cuya mayor capilaridad está en Montevideo (17 por ciento).
A su vez, los ingresos por la transmisión de datos e Internet también crecen: el balance mostró que en el segundo semestre de 2023 se contabilizaron 10.201 millones de pesos (263.185.800 dólares), 1.000 millones de pesos (25.800.000 dólares) más que en el mismo período del año anterior. En ese marco, los servicios de banda ancha fija decrecieron desde los 1.135.500 accesos en diciembre de 2022 a los 1.097.847 en diciembre de 2023. Lo que sí se incrementó fue el tráfico de datos, que pasó de 1.741.919 TB a los 2.048.536 TB en el mismo período; a la par que la capacidad de acceso a Internet se viene mostrando estable en los últimos tres ejercicios, estimada en alrededor de los 2.299.520 Mbps.
SI el foco se pone en los servicios de telefonía móvil, los ingresos del sector crecieron hasta los 14.040 millones de pesos (362 millones de dólares), desde los 12.069 millones de pesos (311 millones de dólares) registrados un año anterior, con una merma en la cantidad total de radiobases, que ronda las 6.500 repartidas entre Antel (46 por ciento), Claro (30 por ciento) y Movistar (24 por ciento). Y si se observa en la tecnología de las radiobases se advierte lo obvio: que las GSM caen período a período, hasta superar apenas las 1.300.
En el país, los servicios móviles contabilizan 6.713.729 líneas, en una curva de un paulatino incremento y una estable base de suscriptores, cuantificada en las 4.801.571.
En lo que a la banda ancha móvil refiere, el servicio osciló entre las 3.670.007 conexiones en diciembre de 2022 para pasar, en 2023, a las 3.536.358 en julio y las 3.734.548 en diciembre; repartidas entre las que ofrece Antel (55 por ciento), Movistar (28 por ciento) y Claro (17 por ciento); donde el 44 por ciento son prepagas y el resto pospagas. El relevamiento de la Ursec está disponible aquí.
¿Y la Ley de Medios?
Tras tres años de espera, el 14 de mayo, el Senado local aprobó una nueva Ley de Medios, sobre la base de la propuesta legislativa presentada por la coalición oficialista. Sin embargo, son muchos los sectores que reclaman que la iniciativa llegó al Parlamento sin haber pasado por comisiones, como la de Industria, como correspondería por normativa y, por tanto, que debería volver a Diputados. En la grabación de la sesión, disponible en el canal virtual de la Cámara en Youtube, se puede observar que la medida se aprobó tras un cuarto intermedio.
Uno de los mayores cuestionamientos está vinculado a la cantidad de licencias de radiodifusión y medios a las que cada titular (persona física, jurídica o grupo económico) puede acceder: de cinco en la zona metropolitana y de seis en el resto del país; frente al tope de cuatro y ocho aprobados en los debates realizados en 2023. E, inclusive, el habilitar a los cableoperadores la prestación del servicio de Internet, algo que fue largamente debatido.
Pero hay más. Desde hace años se plantean cuestiones vinculadas a la mirada sobre el rol del operador público pero también en relación a la habilitación para que ingresen nuevos actores al país, la concentración del capital extranjero, la creación de monopolios y la afectación a la libertad de expresión. Entre los organismos que elevaron sus advertencias se encuentra el Sindicato Unico de Telecomunicaciones (Subtel) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La SIP, por caso, difundió una misiva -disponible aquí- en la que advierte que la medida “vulnera las libertades de expresión y de prensa”; sobre todo, en relación al cuestionado artículo 72 que hace mención a los contenidos divulgados, plausibles de penalidades. “Esta imposición a los medios audiovisuales y a sus periodistas de brindar información, opiniones y comentarios de manera seria, completa, imparcial, rigurosa, equilibrada es inadmisible”, aseguró el presidente de la SIP, Roberto Rock.
En la cobertura realizada por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), suma que la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 19.307 también habilita una mayor extranjerización de la propiedad de los medios, quita las consultas públicas establecidas sobre los procedimientos de transferencia y renovación de licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual, además de suprimir el organismo de control ciudadano ante los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones y licencias -la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (Chasca).
Inclusive, Observacom dio cuenta de una iniciativa que se debate por estos días en la Cámara de Diputados local para combatir y penalizar las noticias falsas o deep fakes creadas mediante inteligencia artificial (IA) que tengan por objetivo “causar daño reputacional a un candidato o una desinformación notoria en relación a la campaña”.
El organismo advierte que se trata del proyecto de ley “Generación y difusión de contenidos engañosos durante la campaña electoral”, por la que la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y varias organizaciones y especialistas alertaron sobre las consecuencias negativas que podría tener el aprobar esta medida tal como fue presentada, y que aquí se detalla.
En Uruguay, el debate aún está abierto y, por ello, esta historia continuará.
