Siete años después de haber advertido que la creación de un registro de móviles podría perjudicar a los usuarios de estos servicios, distintas asociaciones empresarias de Perú volvieron a realizar la misma advertencia: crear listas blancas y negras de usuarios, o un registro de celulares, no ayudará a combatir el robo de teléfonos. Y, además, coincidieron en que no se puede trasladar a las operadoras de telecomunicaciones la responsabilidad de la seguridad ciudadana cuando es la administración nacional la que debe ocuparse de ese tema.
El próximo 22 de julio el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) comenzará a bloquear a los celulares que no estén registrados, ni en las listas blancas ni en las negras. Aunque hubo prórrogas antes de llegar a esta fecha, la historia ya suma siete años y la industria está en alerta.
En 2017 se decidió la creación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) con el objetivo de combatir el robo y reventa de celulares. Esa determinación se plasmó a partir del Decreto Legislativo N° 1338 mientras su reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2019 del Ministerio del Interior. Desde entonces se fue concretando su implementación por etapas y, por estos días, se avanza hacia la tercera fase que contempla el bloqueo de los teléfonos celulares que no se hayan registrado en las listas blancas, además de los que están en las negras.
Esta tercera etapa fue puesta en marcha por el Organismo para la Supervisión de la Inversión en Telecomunicaciones (Osiptel), ejecutor de la medida, el pasado 22 de abril. Entre los fundamentos, aseguró que el 69 por ciento de los celulares que se activan diariamente no están en la lista blanca. Entre 2013 y 2021 se robaron y perdieron unos 41 millones de teléfonos móviles en este país, según datos del sector. En 2023, se informó un total de 1.706.643 celulares reportados como robados, lo que representa un promedio diario de 4.676 robos, de acuerdo a las cifras dadas por el regulador.
La GSMA, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN) y hasta la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, entre otros, se vienen manifestando en contra de la medida. Coinciden en que no se va al tema de fondo, que es atacar el robo y reventa de celulares, y que no se le puede trasladar a las operadoras de telecomunicaciones la responsabilidad de la seguridad ciudadana.
La GSMA reiteró las mismas objeciones efectuadas allá por 2017. En su opinión esto no contribuye a combatir el tráfico ilícito de celulares, y puso como ejemplo que en Colombia, México y Ecuador se impidió legislar en esa dirección porque concluyeron que fue más el daño que el beneficio que provocaba. La norma aprobada en Perú tomó como ejemplo la desactivada letra puesta en marcha en su momento en Colombia.
Por eso la GSMA sostuvo que la experiencia internacional ha demostrado “que este tipo de herramientas no son efectivas para reducir los hurtos y robos de dispositivos. Más aún, suman obligaciones y preocupaciones a los usuarios y funcionan como barreras a la adopción de servicios por parte de nuevos consumidores”.
Agregó que el bloque no elimina los incentivos para el robo porque es posible desarmar los teléfonos y luego vender las partes en el mercado negro. Fue lo que ocurrió en Colombia, recuerda la GSMA, luego que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) concluyera que su implementación no había influido sobre los índices del delito. Hay un costo monetario y burocrático que genera más impactos
“La implementación de una ´lista blanca´ complica la experiencia del usuario al imponerle trámites presenciales para comprar/vender celulares usados, apelar bloqueos en caso de ser víctimas de delitos —como una clonación de su equipo— o declarar celulares comprados en el exterior, por ejemplo. Estas cargas afectan en mucho mayor proporción a los ciudadanos que viven lejos de centros urbanos, para quienes un bloqueo automático puede significar varios días sin servicio móvil”, agregó la GSMA. Que también citó el caso del Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT) que impidió la instalación de un mecanismo de este tipo porque violaba derechos del consumidor. En Ecuador, en tiempos de pandemia, dejaron de bloquearse móviles porque supuso una barrera para el uso de los servicios móviles.
Previo a este pronunciamiento de la GSMA, la AFIN había apuntado que el robo de celulares no es responsabilidad de las empresas sino que se trata de un tema de seguridad ciudadana. En diálogo con TeleSemana.com, Juan Pacheco, presidente de la AFIN, sostuvo que “la lista negra que se está implementando tiene algunas complicaciones. Y las listas blancas no funcionaron en ninguna parte. No se ataca la cuestión de fondo que es la venta de equipos robados sino que se crean obligaciones a las empresas, se sobrerregula al sector y no tiene el efecto deseado. Por eso la resistencia a cerrarse a lo que está escrito hace varios años y no funcionó”.
En un sentido similar se pronunció la ex viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, quien señaló a TeleSemana.com que se debería “hacer es plantear la modificación (de la ley actual). Creo que las listas negras sí están bien. Lo que no está bien es que les trasladen a las empresas de telecomunicaciones un tema de seguridad ciudadana: tienen que verificar que seas tú, que pongas el dedo, y todo lo tienen que cargar y pagar las operadoras. Y, encima, les ponen sanciones (si se cometen errores) para validar la identidad”.
Tal como lo planteó la GSMA, Nakagawa subrayó que “el sistema de listas blancas y negras no ha dado resultado en ningún país. Se necesita una mesa técnica de diálogo y hacer las cosas bien. Ya se probó. Están impactando más en un mercado que se viene a la baja y que está golpeado por la inestabilidad política y jurídica y la inseguridad institucional que está teniendo el Perú. Le estamos trasladando a las operadoras las taras de un Estado ineficiente que no logra brindar seguridad ciudadana. Hay que tratar de evaluar algo que sea correcto”.
La preocupación es que, en un país donde al robo se suma un porcentaje importante de celulares que entran por contrabando o que se compran en otros países y no se informa su procedencia, cuando se inicie el bloqueo va a haber una gran afectación del servicio. Se estima que más de 750.000 teléfonos móviles podrían quedar bloqueados, es decir, un dos por ciento aproximadamente. En Perú hay unas 42 millones de líneas móviles activas, según las cifras oficiales. Pero, en virtud de las alertas que encienden las distintas asociaciones y especialistas, ese porcentaje podría ser todavía mayor.
Las cosas cambiaron mucho en siete años, y hubo una pandemia en el medio que, lógicamente, profundizó el uso de dispositivos para acceder a los beneficios de la digitalización. El Osiptel, en este escenario, está cumpliendo una norma que, por un lado, ya demostró que fracasó en otros países y, por el otro, que requiere ser modificada pero por otra norma superadora. Tanto Nakagawa como Pacheco coincidieron en que se requiere la convocatoria de una mesa de diálogo técnica donde se busquen las mejores medidas para desalentar el robo.
“En un país tan informal vamos a bloquear sin medir la consecuencias ¿vamos a hacerlo?”, concluyó Nakagawa a modo de reflexión.
