En poco más de dos semanas, México se enfrentará a un nuevo proceso electoral y la GSMA hizo pública su carta de recomendación en materia de la política pública que, a su entender, la nueva administración de gobierno debería desarrollar para impulsar el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y la tan mentada transformación digital.
El domingo 2 de junio, tres candidatos y sus organizaciones políticas se enfrentarán en las urnas mexicanas, en una jornada en la que se elegirá al sucesor de Andrés Manuel Lopez Obrador, primer mandatario del país desde 2018, como también las personas que asumirán al frente de 128 senadurías y de 500 diputaciones federales.
En ese contexto, y como suele suceder en la antesala de un proceso electoral, la GSMA presentó sus recomendaciones de política TIC para el próximo gobierno de México, entre las que señala el costo del espectro radioeléctrico en el país, una vieja discusión sectorial. Además, advirtió que, aunque la cobertura 4G alcance al 94 por ciento de la población, aún persisten los desafíos en lo que respecta al uso y aprovechamiento de la herramienta. Y lo argumenta con indicadores: el 47 por ciento de los mexicanos tiene cobertura 4G disponible, pero no accede a los servicios, por falta de asequibilidad o por no saber usar internet.
El informe se presentó bajo el título “El camino hacia un México digital y conectado” e involucró cuatro ejes de acción, vinculadas al espectro, la infraestructura digital, la regulación y la conectividad, tal como se lo puede observar aquí.
“Desde la GSMA, hace años señalamos que los altos precios del espectro causan en México la tormenta perfecta, una situación en la que todos pierden: usuarios, operadores y Estado”, dijo al respecto Lucas Gallitto, director para América Latina de la GSMA, y apostó a que “el próximo gobierno tiene la posibilidad de disipar esta tormenta e impulsar más y mejor conectividad”.
En torno a la política de espectro, el informe publicado recuerda que “cuando los costos del espectro se fijan por encima de su valor real de mercado, se generan distorsiones sobre los incentivos a la inversión, y esto tiene consecuencias. Ha resultado incluso en la devolución de espectro por parte de operadores y en la no asignación de espectro en subastas recientes, limitando su impacto como vehículo para la conectividad de los mexicanos y la transformación digital del país”.
Además, advierte que el valor de este recurso natural finito e insumo indispensable de la industria telco, es uno de los más caros del mundo, como consecuencia de las tasas anuales establecidas en la Ley Federal de Derechos que representan un 85 por ciento del total anual; y lo ubica por encima del promedio regional de 20 por ciento.
“Esta política no sólo ha sido negativa para el desarrollo del sector, sino también para el Estado, que perdió 4.904 millones de pesos (más de 293 millones de dólares) en ingresos en 2023 por devoluciones. Ajustar los precios del espectro para convertirlo en una herramienta de inclusión e innovación es el gran reto del próximo gobierno”, dice.
En lo que respecta a la infraestructura, a su vez, la GSMA considera que es necesario desarrollar una agenda digital federal para “armonizar decisiones entre los distintos niveles de la administración pública”, con el objetivo de facilitar, por ejemplo, la instalación de antenas y sitios a nivel municipal.
En ese sentido, también se dirigió la propuesta vinculada a la regulación, que brega por la simplificación normativa, algo que caracteriza como la “eliminación de posibles obstáculos al desarrollo de nuevos productos y servicios digitales”.
En su propuesta titulada “conectividad significativa”, a su vez, la GSMA propuso eliminar impuestos específicos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), porque en su criterio “perjudican la asequibilidad de los servicios”. Para argumentar tal afirmación, el reporte cita un relevamiento de Deloitte en el que se calculó que esta acción permitiría sumar 1.5 millones de nuevas conexiones al ecosistema, así como incrementar el aporte al PIB a 4.500 millones de dólares. A la par que insta a la administración pública a tender política de incentivos dirigidas al sector privado para “potenciar sus programas de inclusión digital”.
A modo de contexto, vale recordar que hace una semana, el IFT presentó a consulta pública el pliego de la próxima licitación en el país, en el que se ofrecerán 6.158 bloques en distintas bandas, con la aspiración de apalancar el desarrollo de 5G; y que hace cerca de un mes, el organismo también había avanzado en la aprobación de modificaciones al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencia (PABF) 2024 que, en materia de telecomunicaciones, incluyó espectro en 800 MHz y 2.5 GHz para uso comercial.
Con todo, México está en plena campaña y debate popular, y el sector de las telecomunicaciones expectante del resultado de dicha elección.
