Dos noticias que emergen en Estados Unidos señalan que el escenario es de competencia geopolítica: a la par que redobla su apuesta en la producción de semiconductores y se conoce una estimación auspiciosa de su posicionamiento global en la materia, con un crecimiento sectorial por encima del 200 por ciento, anunció que cuadriplicó los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos provenientes de China y sus chips.
Un estudio dice que todo va viento en popa en Estados Unidos, si de la fabricación de semiconductores se habla. Según el trabajo publicado por la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) y el Boston Consulting Group (BCG), el país triplicará su capacidad nacional de fabricación de semiconductores hasta 2032, al crecer un 203 por ciento.
El relevamiento observa la cadena global de suministro y toma como punto de partida para ese incremento del posicionamiento estadounidense al 2022, año en que se promulgó la Ley Chips y Ciencia, por la que la administración lleva invertidos alrededor de 53.000 millones de dólares en subsidios y otros mecanismos de impulso industrial que resultan medulares.
Para los analistas, estos incentivos oficiales tendidos para la promoción industrial, que instala la idea de un Estado protector, resultan centrales para revitalizar la fabricación de semiconductores en el país y para reforzar las cadenas de suministro de chips, al tiempo que aventura acerca de qué otras políticas podrían robustecer aún más el escenario, vinculadas a la promoción de la investigación y el desarrollo (I+D), y la formación de perfiles profesionales.
Inclusive, a ese crecimiento proyectado del 203 por ciento, el trabajo lo compara con el aumento registrado una década atrás, entre el 2012 y 2022, del 11 por ciento, y proyecta alrededor de 2,3 billones de dólares en gastos de capital hasta 2032, en comparación con los 720.000 millones de dólares registrados la década anterior. Además, advierte que sin la promoción del Estado y la introducción de la ley de promoción de la industria, este negocio en Estados Unidos sólo habría continuado su tendencia a depresiva, y reducirse hasta el ocho por ciento para 2032.
La apuesta es grande y desde 2022 no cesan los anuncios que dan cuenta de la ambición. Hace un mes, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), considerada la mayor fabricante global de chips, recibió subsidios directos de la administración de Biden por 6.600 millones de dólares para fabricar semiconductores en la planta que posee en Arizona; y eso significó, además, el adelanto de los planes de la gigante taiwanesa de construir su tercera fábrica de obleas avanzadas en el país, en Phoenix. Inclusive, en la misma semana, algo similar ocurrió con Samsung, que recibirá fondos por 6.400 millones de dólares para fabricar chips de última generación en Texas. Previo a ello, Intel también fue favorecido con medidas en la misma dirección.
Esta política también tiene impactos directos en la región, tanto por los planes que se desarrollan en México, como los de Brasil y de República Dominicana. Y sobre este impacto también da cuenta el trabajo de SIA y BCG.
Pero volviendo al informe titulado “Resiliencia emergente en la cadena de suministro de semiconductores”, de la SIA y BCG, se advierte que el país incrementará su participación en la fabricación de obleas de avanzada (por debajo de 10 nm) al pasar de cero al 28 por ciento en una década y que, con ello, capturará más de una cuarta parte, o el 28 por ciento, del total de gastos de capital (Capex) globales entre este año y el 2032. De lograrlo, el informe dice que Estados Unidos quedaría segundo, detrás Taiwán, que ostenta el 31 por ciento.
“Las políticas efectivas, como la Ley Chips y Ciencia, están estimulando más inversiones en la industria de semiconductores de Estados Unidos. Estas inversiones ayudarán a Estados Unidos a aumentar su participación en la producción e innovación global de semiconductores, fomentando el crecimiento económico y la competitividad tecnológica”, dijo Rich Templeton, presidente de la junta directiva de Texas Instruments y presidente de la junta directiva de SIA.
La creación de puestos de trabajo también forma parte del plan que, estimado en 56.000 puestos de trabajo, advierte que los incentivos promovidos por el Estado se tradujeron en que las empresas del ecosistema de semiconductores anunciaran más de 80 nuevos proyectos en 25 estados del país, por casi 450.000 millones de dólares en inversiones privadas. Con todo, el informe completo está disponible aquí.
Auto chino, no. La prensa internacional, como Europa Press, se hizo eco de las últimas declaraciones formuladas por Joe Biden, primer mandatario estadounidense a propósito de la cuadruplicación de los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China.
En este marco, los aranceles a las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y sus piezas, aumentarán del 7,5 por ciento al 25 por ciento este año, y hasta el 50 por ciento en 2025. Para fin de este 2024, a su vez, también se incrementará el arancel a las placas solares, que pasarán del 25 por ciento al 50 por ciento; mientras que queda prorrogado para 2026 el incremento en los aranceles que impactan en el resto de las baterías de iones de litio, pero que no se utilizan en vehículos eléctricos.
Biden había dicho en un comunicado que la imposición de estas trabas comerciales a los semiconductores, las placas fotovoltaicas y las grúas portuarias provenientes del país asiático, buscan “proteger a los estadounidenses de las prácticas comerciales desleales” de aquel país.
Hoy, China controla casi la totalidad de la producción de insumos críticos para la industria tecnológica y de infraestructura, y la expectativa global indica su preponderancia en la materia. Según la mirada de Estados Unidos, esto fue posible posibilitada por la estrategia que el país norteamericano desarrolló la década pasada, basada en la tercerización en oriente su producción y su consecuente traspaso de capacidades humanas y diseños, que habrían sido copiados.
Esta medida, cuyo impacto económico en las importaciones oscila los 18.000 millones de dólares, apunta a proteger el desarrollo de vehículos eléctricos estadounidenses, sobre todo en el marco de la apuesta de fomento financiero local tendiente a subsidiar la transición.
