Cuando están por cumplirse los primeros 100 días de la gestión de Gustavo Petro al frente del Gobierno de Colombia, el sector de las telecomunicaciones está haciendo escuchar su voz de cara a las decisiones que el año próximo la actual gestión tendrá que tomar en relación a las renovaciones de las concesiones de espectro otorgadas en 2013. Por eso, Andesco, Asiet y Asomóvil, las asociaciones que representan a la industria, oficializaron un Plan Nacional de Desarrollo de Colombia basado en cuatro ejes, todos orientados a mejorar la conectividad en este país. El tema del espectro apareció como uno de ellos.
Noviembre arrancó con ese reclamo de parte de diversos actores. Por un lado, Tigo Colombia, que anunció que apagaba su red 2G para volcar ese recurso hacia 4G, recordó que el año próximo se vence el 70 por ciento del espectro que usan las operadoras de telecomunicaciones en Colombia, y su presidente, Marcelo Cataldo, pidió que se reviera el valor de ese recurso. Desde hace años, las operadoras demandan a los gobiernos evitar encarar licitaciones onerosas para los derechos de uso de este recurso con el objetivo de poder volcar mayores inversiones a los despliegues de infraestructura.
Por otro lado, Movistar Colombia confirmó a TeleSemana.com, que “la empresa renunció a un espectro temporal en la banda de 2.5 Ghz, espectro que no ha usado antes, por considerar que es muy alto el precio. La empresa presentó una solicitud de revocatoria parcial al permiso que renovó el espectro en la banda de 1900, para que se revoque el precio y se fije un valor según el benchmark internacional”.
Es decir, tomó en Colombia la misma determinación que se concretó, este año, en México, donde renunció a ese recurso opera a través de la infraestructura de AT&T. Son antecedentes concretos que no pueden obviarse si se tiene en cuenta que en 2023 Movistar Colombia debe renovar 30 MHz en AWS y, en 2024, hacer lo propio en las banda sde 850 y 900.
Los planteos particulares de las empresas son, en definitiva, los que hacen propio la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y Asomóvil, que elaboraron un documento con propuestas para desarrollar la conectividad en este país, y lo confeccionaron en base a datos macroeconómicos que muestran que, aún en medio del profundo escenario de transformación digital que atraviesa a todos los sectores, el de las telecomunicaciones creció en los últimos años a una tasa menor que la economía en general.
“En el período del 2018 al 2021 el sector creció a una tasa anual promedio de 4,4 por ciento, mientras la economía lo hizo al 6,9 por ciento. La industria de TIC representa el 3,9 por ciento del PIB al 2021 y genera 299.000 empleos y comienza una senda de recuperación si se tiene en cuenta que al primer trimestre del 2022 el valor agregado producido por el sector incrementó 20,6 por ciento respecto al mismo trimestre del año 2021”, detalló el reporte.
Acto seguido, subrayaron que “los ejes de trabajo que hemos presentado en esta propuesta responden a: planificar políticas de espectro que fomenten la inclusión digital, infraestructura como eje de política intersectorial, garantizar la asequibilidad y el acceso del servicio esencial de Internet, y un campo de juego nivelado en el mercado TIC y una normatividad que responda al nuevo contexto de mercado y tecnológico”.
El espectro es uno de los pilares. En ese punto, el documento “sugiere incorporar efectivamente el criterio de maximización del bienestar socioeconómico en la valoración del espectro radioeléctrico, contar con procedimientos preestablecidos, claros y transparentes que faciliten las consultas a las partes interesadas y que otorguen certidumbre jurídica en los procesos de valoración y renovación del espectro”. El precio como escenario de fondo.
Los otros tres ejes que se definieron en esta propuesta abarcan también temas conocidos y que acumulan millas de reclamos. Uno de ellos, es el vinculado con los permisos municipales para la instalación ágil de infraestructura, básicamente antenas. En este punto se solicita, específicamente, “sustituir los permisos municipales al despliegue por declaraciones de conformidad, lo que se conoce como ventanilla única”, además de incluir incentivos normativos para la migración tecnológica, declarar a los proyectos de construcción de redes de telecomunicaciones como de utilidad pública e interés social y “habilitar por ley permisos de acceso a predios para instalación y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones”.
Otro eje sugiere establecer “una regla en el presupuesto público de “inclusión digital” que permita aligerar las normas de alianzas público-privadas en el sector TIC, analizar las barreras a la prestación y la asequibilidad del servicio de Internet declarado como esencial, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2108/21, aprobada en el marco de la pandemia, y una política para la protección de infraestructura de telecomunicaciones, entre otras propuestas.
El cuarto pilar que sostiene a este documento se apoya en una demanda: asegurar un campo nivelado en el mercado TIC “a través de la elaboración de un estudio del mercado audiovisual ampliado que incluya los Over the top services (OTTS) o plataformas digitales”. Y recomienda que ese estudio sea elaborado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia y el Departamento Nacional de Planeación (DPN) “para medir el impacto de la piratería de contenidos en el mercado, los usuarios y el Estado y buscar soluciones y reglas justas para todos los jugadores del sector. Asimismo, se recomienda promover en el país una actualización de la normativa de derechos de autor que responda al nuevo contexto del ecosistema digital”.
La propuesta del Plan de Desarrollo, que puede descargarse desde aquí, efectúa un diagnóstico concreto sobre la situación del sector y, en función de esta foto, surgen los lineamientos expuestos. La industria también hace un llamamiento en medio de un contexto macroeconómico global que plantea desafíos, especialmente, desde el lado de la inflación. Recuerda que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2022 experimentó un aumento del 9,67 por ciento en la comparación interanual mientras que el IPC del sector Información y Comunicaciones mostró una disminución del 7,9 por ciento en el mismo lapso, lo que evidencia un deterioro que, de no revertirse, tendrá un impacto en el mediano y largo plazo en la expansión y calidad de los servicios.
Como se dijo al inicio de la nota, la propuesta se hace cuando se están por cumplir los primeros 100 días de la nueva gestión presidencial, momento en el que se supone que hay más receptividad, pero que sin dudas tiene puesta la mirada en 2023, y la negociación en torno a estos temas debe comenzar ya.
