Contar con regulaciones flexibles que fomenten la inversión y la competencia para resolver las brechas de conectividad fue una de las conclusiones a la que abordaron cuatro expertos en telecomunicaciones de la región, quienes coincidieron en señalar también que no se puede continuar con normas que funcionaron en épocas anteriores, con modos de despliegues o con tecnologías anteriores cuando en el horizonte próximo se levanta 5G.
La discusión se realizó en el marco de una nueva edición las tradicionales Jornadas Internacionales de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) de la Argentina que reunió a diferentes referentes de la región en el que se abordó la acelerada evolución tecnológica que se registra desde la declaración de la pandemia, y cómo los países tomaron medidas para expandir la infraestructura de telecomunicaciones. Los caminos que se eligieron, y cuáles fueron considerados erróneos por los expertos para lograr esos objetivos de mayor cobertura y despliegue, fueron el basamento sobre el cual se desarrolló el primer panel en el que se trató el tema de “La conectividad en el nuevo contexto”.
“Nos estamos quedando con reguladores que todavía están repensando una regulación 3G cuando vamos hacia una 5G. En mi país nos estamos preocupando por los servicios tradicionales cuando ya son otros los servicios que están marcando la pauta en la regulación. Es uno de los problemas por los que la regulación ha venido sufriendo en este avance vertiginoso de la tecnología, y es el gran reto que tenemos por delante”, comenzó la conversación Manuel Cipriano, consultor en telecomunicaciones y ex integrante del regulador Osiptel, de Perú.
La competencia ha sido el motor para promover los mayores despliegues y el caso de México fue uno de los que se expuso en este encuentro. La competencia fue lo que permitió que en ese país los precios se redujeran en más de un 80 por ciento a principios de la década pasada y que creciera de manera exponencial el uso de la telefonía móvil.
Alexia González Fanfalone, economista y analista de políticas de telecomunicaciones de la OCDE, aseveró que “tener un régimen regulatorio fuerte, que fomente la competencia y la inversión funciona” porque permite llegar a todos. Apuntó que los despliegues demandan mucha inversión en infraestructura y que, de cara a 5G, se requerirá una mayor densificación de las redes, para estar más cerca del usuario, conectados por fibra. “Esto requiere redes fijas fuertes, complementarias de las móviles y fijas, y mucha inversión. Hemos visto, más que nunca, que hay que asegurar la conectividad para las actividades económicas y sociales”, apuntó.
Las diferencias de regulación acaecidas durante la pandemia fueron el punto al que se refirió Javier Morales, analista de Cullen International, quien subrayó que el criterio de “eficiencia productiva” es el que prima en América latina para que las operadoras de telecomunicaciones bajen los costos y aborden a las poblaciones con menos acceso a la conectividad, de modo que los servicios sean asequibles para todos los ciudadanos.
Se refirió al decreto 690 que rige desde hace 13 meses en la Argentina y que estableció la intervención de los precios de los servicios, y lo calificó como “atípico” porque no está alineado con el de eficiencia productiva. Puntualizó, entonces, sobre la normativa que rige en cada país: mientras en Brasil la regulación tarifaria minorista aplica sólo para las incumbentes y en telefonía fija y de larga distancia, en Chile rige la libertad de precios con regulación sólo en llamadas locales y larga distancia internacional, y de forma parcial para móvil on net y off net.
En el recorrido regional, mencionó que Colombia también se mueve con libertad de precios mientras que Ecuador es el país que más se asemeja a la Argentina porque regula tarifas minoristas, usando el criterio de servicio universal pero apuntando a segmentos específicos. En Perú, la regulación minorista opera en Telefónica por ser la incumbente y en México rige una regulación asimétrica sólo para el agente preponderante, que llevó a definir, además, a Televisa como el dominante de TV paga. En 2022 se definirán obligaciones para este prestador aunque no está claro si tendrán relación con la libertad tarifaria o no.
Morales enfatizó que “el criterio para regular tarifas es el de eficiencia productiva” aunque subrayó que, en los casos en que se regulan las tarifas minoristas, suelen aplicar sobre el dominante o el incumbente. “El énfasis está puesto en la regulación de mercado mayorista, no minorista. El servicio universal se aplica a través de fondos u obligaciones específicas en los contratos de concesión, a excepción de Ecuador y la Argentina, mientras que el servicio de TV paga, con excepción de Argentina, no es regulado en ningún otro país”, describió el analista de Cullen, como modo de dar un pantallazo general.
La coincidencia sobre incentivar inversiones fue lo que también trajo al panel Laura Botero, directora regional Comunidad Andina de ASIET, quien aseveró que “en la medida en que hay menos costos, los operadores se pueden enfocar en inversiones para el desarrollo del sector“. Lo mismo aplica cuando se reducen limitaciones que faciliten despliegues de infraestructura, como aquellas que no fijan espacios determinados entre una antena y otra, y que Botero expuso sólo a modo de ejemplo entre tantos otros obstáculos que los organismos estatales suelen introducir a la hora de dar permisos para la construcción de redes.
Además de mencionar la necesidad de contar con reguladores independientes -condición que no es general en la región-, de agilizar las autorizaciones para los despliegues, de otorgar espectro considerando el alcance sobre las poblaciones y ciudadanías antes que el factor recaudatorio, y el uso de datos concretos para mejorar la definición de políticas públicas, los expertos coincidieron en la necesidad de promover la compartición de infraestructura y la colaboración entre el sector público y el privado. El abordaje se dio en relación a la particular situación de las telecomunicaciones que se registra en la Argentina, razón por la que apuntaron a mostrar los errores y aciertos que se cometen en materia regulatoria y de incentivo a las inversiones que no siempre colaboran en el objetivo de reducir la brecha digital.
