Brasil comienza a despejar el camino hacia 5G. Esta semana, el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) hizo público el valor calculado por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para las subastas de 5G en unos 8.590 millones de dólares (44.000 millones de reales) y confirmó que el área técnica deberá completar su análisis antes del 8 de agosto para que el 18 se desarrolle la votación.
La información la ofreció el propio Raimundo Carreiro, ministro del TCU, y confirmaría el cronograma anunciado por Fábio Faria, ministro de Comunicaciones de aquel país en el marco del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (MWC Barcelona, por su sigla en inglés); y pondría fin al eterno retorno de las postergaciones que 5G viene experimentando en Brasil.
Tal como circuló en los medios locales Telesíntese y Teletime, el valor total previsto por Anatel es provisorio, pero permite ponderar que el resultado del concurso se repartirá en un 80 por ciento para compromisos de inversión, es decir, unos 7.217 millones de dólares (37.000 millones de reales); mientras que el resto se correspondería con la recaudación fiscal.
“La complejidad de los estudios es notoria. Son 67 lotes que cubren cuatro bandas de frecuencia diferentes lo que equivale, en la práctica, a cuatro licitaciones independientes” argumentó Carreiro y subrayó que “la subasta 5G debe otorgar derechos de exploración valorados en alrededor de 44.000 millones de reales (más de 8.600 millones de dólares) y compromisos de inversión por 37.000 millones de reales (más de 7.200 millones de reales) para más de 5.500 municipios del país. Además, los estudios y documentos legales aportan puntos de gran relevancia para el éxito de las licitaciones y futuros contratos, que deben pasar por el escrutinio del TCU”.
Se trata del espectro más caro de la región. Y que pone en evidencia el reclamo de la industria respecto a los fines recaudatorios que persiguen los estados cuando licitann espectro. Como se ve, el monto para adquirir espectro supera la inversión que deberán encarar las operadoras para construir sus redes y cumplir con las obligaciones que se les exigirán. Las operadoras argumentan que si se baja el costo de adquisición de espectro la inversión se concentra en el despliegue de redes y resuelve, más rápidamente, las falencias de conectividad.
En tren de justificar las reiteradas demoras, trascendió que la propuesta que Anatel envió el 22 de marzo cambió “significativamente” del contenido presentado días atrás, además de que el TCU encontrara ocho documentos incompletos “que terminaron impidiendo el inicio efectivo de la inspección en la mayor parte del alcance definido para la obra”; una documentación que recién se habría completado el 25 de junio.
“La Secretaría General de Control Externo (Segecex) atendió el asunto con la Secretaría de Infraestructura Hidráulica, Comunicaciones y Minería (SeinfraCom), y consideraron la dificultad de concluir la instrucción de los registros con la urgencia solicitada, considerando que recién el 25/6/2021, luego de varias gestiones y reuniones, Anatel concluyó el envío de documentos e información esencial para la emisión de opinión de la secretaría” dijo el órgano en su comunicado.
Entre los 52 cambios reportados, el último en aclararse fue el del código de programación del lenguaje Python, utilizado para fijar el precio de las pistas, y que en la versión del 25 de junio se alcanzó a una “versión final y auditable”.
