El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quiere que vuelva a promoverse la competencia en la economía norteamericana en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que se garantice la neutralidad de la red y que el sector tenga más transparencia en su operatoria. Razón por la que impulsa cambios en las regulaciones que afectan tanto a operadoras de telecomunicaciones como a compañías digitales. Pero los reclamos que está elevando a los organismos reguladores no son tan fáciles de resolver. Al menos por ahora.
El pedido del mandatario se basa en una resolución que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés) votó en diciembre de 2017 y sobre el que Biden urge que se restituyan sus consideraciones a fin de prevenir que las compañías prioricen el tráfico de algunos proveedores sobre otros en sus redes.
El jefe de Estado norteamericano también le pidió a la FCC que exija a los proveedores de Internet que reporten sus índices de suscripción a los servicios y los precios, y que esa información se comparta de manera estandarizada de cara a los consumidores para que conozcan de una manera sencilla qué velocidades y precios brindan, además de cuestiones básicas sobre la gestión de la red.
Biden, que antes de ser elegido ya venía expresando sus críticas hacia las grandes compañías digitales, puso el acento, en esta oportunidad, en “el más grande escrutinio de las fusiones, especialmente las dominadas por las plataformas de Internet”. Desde que asumió, su administración ha venido refiriéndose a ciertos acuerdos del sector tecnológico de ese país como “adquisiciones asesinas” que tienen como objetivo “eliminar cualquier tipo de competencia”.
Sin embargo, la FCC no puede, todavía, actuar en consecuencia porque Biden debe nominar al quinto comisionado para romper el empate dos a dos que existe entre republicanos y demócratas en esa entidad. Los organismos de consumidores le piden que designe de una vez al quinto integrante para, así, avanzar con las medidas que plantea, señaló la publicación Wired. Nadie entiende por qué se demora esta determinación. De continuar así las expresiones de Biden no serán más que eso, una declaración, puesto que los republicanos frenarán cada una de las propuestas que lleguen al regulador.
“Más de 200 millones de habitantes de Estados Unidos viven en un área con sólo uno o dos proveedores confiables de Internet de alta velocidad, lo que lleva a precios hasta cinco veces más altos en estos mercados que en aquellos con más opciones. Un problema relacionado son los propietarios y los proveedores de servicios de Internet que entran en acuerdos de exclusividad o acuerdos de colusión que dejan a los usuarios con una sola opción. Esto afecta a los vecindarios marginados y de bajos ingresos, porque los arreglos entre el propietario y el ISP pueden bloquear de manera efectiva la expansión de la infraestructura de banda ancha por parte de nuevos proveedores”, subrayó Biden en el marco de esta discusión.
Por otro lado, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) también tendrá que hacer su parte. El organismo, que tiene como tarea regular el tema de datos -tanto las cuestiones vinculadas con el almacenamiento y guarda como su vigilancia y protección, además de observar cómo usan las plataformas esa información – tendrá que “establecer reglas que prohíban los métodos desleales de competencia en los mercados de Internet”.
El tema no se agota en los operadores o en las plataformas. También va hacia el lado de las fabricantes de teléfonos. A la FTC también le pidió que trate el tema de la reparación de teléfonos móviles, el famoso “refurbished” o remanufacturado, tal como suele conocerse en la región. Y solicitó que se establezcan reglas “contra las restricciones anticompetitivas sobre el uso de talleres de reparación independientes o hacer reparaciones de bricolaje de sus propios dispositivos y equipos”.
A las expresiones de Biden se suman acciones que están impulsándose en el Congreso de los Estados Unidos. Más de 30 estados demandaron la semana pasada a Google por presuntamente abusar de su poder sobre los desarrolladores que distribuyen aplicaciones a través de la tienda Google Play en dispositivos móviles, según la agencia Bloomberg.
La demanda antimonopolio pone la lupa sobre los precios que Google cobra a los desarrolladores por compras y suscripciones dentro de las aplicaciones pero también por eliminar a las tiendas de aplicaciones de la competencia en los teléfonos que funcionan con el sistema operativo Android. Más del 86 por ciento de los móviles que se venden en el mundo vienen provistos con este sistema.
Increíblemente, una de las víctimas de este comportamiento del buscador sería Amazon, que es también una de las cuestionadas por la nueva administración.
Por fuera de este aspecto puntual, uno de los argumentos que usa Google para impedir que se instalen otras tiendas de descarga en su sistema operativo se basa en las falencias de seguridad que presentarían esos desarrollos.
Lo cierto es que las grandes compañías digitales están siendo no sólo más observadas sino profundamente analizadas por los distintos espacios de poder de los Estados Unidos. Sin olvidarse de lo que ocurre en Europa, lo cierto es que las decisiones que se vayan tomando en materia regulatoria tendrán impacto tanto en esas corporaciones como en el ecosistema digital y en los servicios que reciban los usuarios. Esta historia continuará.
