Los gobiernos de los distintos países del mundo deben colocar a la tecnología móvil y a la economía digital en el centro de las decisiones políticas para salir lo más rápido posible de la crisis que está dejando y continuará provocando la pandemia. Para ello, deberán trabajar en un ambiente regulatorio que incentive las inversiones y, dentro de él, se disponibilice espectro ya no sólo para desplegar más redes sino para que las actuales puedan elevar su nivel de desempeño.
Es lo que surgió del documento “La economía digital móvil 2021”, que todos los años elabora la GSMA, la asociación que representa a los operadores móviles del mundo, y que se dan a conocer durante el MWC de Barcelona cada año. En el inicio de este encuentro, el 28 de julio pasado, se conocieron parte de los datos de este reporte que aborda a la economía móvil desde cuatro ejes: los números del mercado, las tendencias clave del sector, la contribución al crecimiento de la economía, y las políticas para la post-pandemia. En este último punto es donde se inscribe la cuestión vinculada con el espectro.
La pandemia frenó los procesos orientados a avanzar con las licitaciones 5G en América Latina. El único país que pudo encaminarlo, no sin tropiezos, en el marco del Covid-19 fue Chile. En otros Estados, el panorama es diferente, como en Brasil, que viene enfrentando diversos escollos para lograr activar el proceso antes de fin de año; o en Colombia, donde la previsión estaba puesta en 2022 aunque nada indique, por el momento, que se esté activando. Y, en cierto punto, los retrasos son entendibles. Tal como se viene señalando desde hace más de un año, la pandemia dejó en evidencia la necesidad y la urgencia de la conectividad y los esfuerzos de los gobiernos estuvieron concentrados en ello, con las tecnologías disponibles como 4G.
Está claro que todavía queda mucho camino por recorrer con la cuarta generación, pero eso no debe perder de vista las otras necesidades, al menos las que reclama la industria que, como siempre, quiere más espectro.
¿Qué dice el documento de la GSMA sobre este punto? Que para acelerar un ambiente de negocios, innovación e inversiones los gobiernos tendrán que contar con fondos de estímulo directo hacia el desarrollo digital, impulsar la sustentabilidad financiera del sector móvil, mover barreras que obstaculizan los despliegues de red, asegurar la competencia, armonizar los límites vinculados con las emisiones radioeléctricas (EMF, por su sigla en inglés), y definir políticas equilibradas vinculadas con los datos personales.
A esto se suman las consideraciones relacionadas con el espectro. “Las decisiones que ayuden a disponer de espectro son cruciales para los gobiernos y los reguladores que quieren contar con redes y servicios de alto desempeño, particularmente para 5G”, arrojó el informe.
E insistió en la necesidad de considerar bandas medias y altas (milimétricas) para esa tecnología. De hecho, aconsejó que deberían disponerse entre 80 MHz a 100 MHz contiguos en la frecuencia de 3.5 GHz y alrededor de 800 MHz por operador en las bandas milimétricas.
En relación a las bandas bajas, de 600 y 700 MHz, el documento también señaló que necesita ampliar sus capacidades y asegurar también con ellas el alcance de 5G, y realizar las reservas de espectro en función de las necesidades de conectividad digital, antes que en acudir a él para maximizar sus ingresos a través de los procesos de otorgamiento de espectro.
Como se afirmó más arriba, en la región, Uruguay y Chile son los países que tienen en marcha los despliegues de 5G. En el primero, el avance va de la mano de Antel, la empresa estatal que no debió recurrir a ningún tipo de concurso para iniciar las primeras experiencias con esa tecnología. En el caso de Chile, el proceso finalizado en febrero pasado le permitió embolsar 453 millones de dólares, el monto más alto jamás percibido en un proceso de telecomunicaciones en ese país. La expectativa de este año se concentra en la licitación de Brasil que, con sus idas y vueltas, se espera que se concrete este 2021 e, inclusive, el precio que se le ponga al espectro será gravitante en relación a cuán rápido se construirán las futuras redes.
Ese párrafo de la GSMA tiene que entenderse en este escenario. Si se tiene en cuenta la difícil situación socioeconómica por la que atraviesa América Latina que, según datos del Banco Mundial, registró una caída de su PBI de 6,5 por ciento en 2020 y la perspectiva de crecimiento de 5,2 por ciento para 2021 no alcanzará para ponerse en los niveles pre-pandemia, las licitaciones de espectro suelen ser un lugar al cual echan mano los gobiernos para paliar algunos de sus déficits.
Por eso, en uno de los pasajes del documento se apuntó a que “las políticas de precios de espectro efectivas son vitales para sostener servicios 5G de mejor calidad y más accesibles. Las reservas de precios altos, la oferta de espectro limitada y el diseño deficiente de las subastas pueden tener un impacto negativo, tal como redes de banda ancha móvil más lentas e inversiones en redes deprimidas”.
En el informe, la GSMA también consideró que es tiempo de encarar los procesos de refarming ya no sólo de las frecuencias otorgadas para servicios 2G y 3G sino también para 4G a fin de satisfacer los requisitos futuros de espectro “pero será necesario agregar nuevas bandas para mantenerse al día con la demanda”. En ese punto, destacó que el rango de la frecuencia de 3,5 GHz – que va desde 3,3 GHz a 4,2 GHz – está siendo maximizada en algunos países mientras que la capacidad de las bandas de 4,8 GHz a 6 GHz también son pasibles de formar parte de equipos armonizados.
En este último punto hay que recordar que la Asociación mantiene una postura a favor de que la mitad del espectro disponible en 6 GHz se reserve para 5G, decisión que no fue la tomada por la mayor parte de los países de América latina que ya lo definieron y que volcaron toda la disponibilidad de 6 GHz a Wi-Fi 6 y 6e.
Finalmente, subrayó la necesidad de que los distintos países desarrollen y publiquen la hoja de ruta de 5G para ayudar a las operadoras de telecomunicaciones a planificar sus inversiones y a consultar a las partes interesadas cuando se inicien los procesos de licitación, tanto en lo referido a los mecanismos como a los precios. Un pedido insistente, sin dudas, que debe tenerse en cuenta, especialmente cuando se trata de los países de América Latina que necesitan de infraestructura, y de infraestructura de conectividad, para reducir sus déficits sociales.
