Desde el primero de enero de 2021 entrará en vigencia en Argentina la Prestación Básica Universal Obligatoria (PBU) para los servicios móviles, de telefonía fija, Internet y TV paga. La medida surge de la reglamentación del discutido decreto 690, que declaró servicios públicos a las TIC. Habrá reglas asimétricas según el tipo de prestador en algunos mercados.
Se verán beneficiadas unas 10 millones de personas, dijo la Jefatura de Gabinete de Ministros en un comunicado. La medida alcanzará a jubilados, pensionados, trabajadores con remuneración no mayor a dos salarios mínimos, beneficiarios de planes sociales, monotributistas de las categorías más bajas, desocupados, clubes y entidades de bien público, entre otros.
En telefonía móvil, los alcanzados podrán contratar el servicio por 150 pesos (1,8 dólares) por mes, incluido impuestos, por 30 días. La prestación debe incluir 500 minutos para llamadas a la misma compañía y 50 minutos hacia clientes de otra compañía, 500 mensajes de texto, WhatsApp “o similar” y acceso libre a hasta 30 sitios de gobierno.
En el caso de Internet móvil habrá una propuesta mensual por 200 pesos (2,4 dólares) finales y otra por un día con valor de 18 pesos finales (0,2 dólares). La primera debe incluir 1 GB y la otra 50 MB. En tanto, habrá una única opción para telefonía fija, de 380 pesos (3,6 dólares) finales, con 300 minutos a fijos de Argentina, 0-800 libres y recepción libre de llamadas.
En Internet fijo la prestación obligatoria dependerá del tipo de empresa. Los prestadores con más de 50.000 accesos deberán garantizar 10 Mbps a 700 pesos (8,4 dólares) en el Área Metropolitana de Buenos Aires y 5 Mbps en el resto del país. Aquellos que estén en el rango de 2.000 a 50.000 abonados deberán garantizar 5 Mbps a 700 pesos (8,4 dólares) —los beneficiarios aquí pueden optar por acceder al plan de menor velocidad del prestador con un descuento del 30 por ciento—. En tanto, los prestadores con menos de 2.000 accesos totales tendrán que dar 2 Mbps por 600 pesos (7,2 dólares) al mes.
También habrá categorías en televisión paga. Las empresas con más de 500.000 usuarios (categoría 1) deberán dar a los beneficiarios un descuento del 30 por ciento; los de entre 100.000 y 500.000 darán un descuento del 25 por ciento y los de entre 30.000 y 100.000 del 20 por ciento. El porcentaje a descontar será de 40, 35 y 20 por ciento en cada caso si se trata de un operador en posición dominante. Los descuentos deberán aplicarse sobre el plan de menor valor ofertado al 31 de julio de 2020 y/o aumentos posteriores que se autoricen.
El gobierno destacó que la medida incorpora reglamentación asimétrica “tal como reclamaron las pymes y las cooperativas”. Agregó que esta medida “se inscribe en una política inclusiva” que suma al mencionado otros dos frentes: la implementación del Fondo de Servicio Universal al servicio de barrios populares y zonas rurales y la formalización del Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva que “estimula la competencia y corrige barreras de entrada”.
Como cuando se conoció el decreto, otra vez, las autoridades locales eligen la última hora del viernes como estrategia de comunicación de la reglamentación de la medida que fue fuertemente criticada por la industria en todos los debates que tuvieron lugar desde su publicación. En este contexto, la respuesta de los prestadores seguramente hará de Argentina un escenario de fuerte debate la próxima semana.
