La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) pidió al Senado que no apruebe los cambios en la ley sectorial por la que se implementará un registro de usuarios de telefonía móvil en México. Considera que atenta contra los derechos individuales y que no cumplirá su objetivos.
La semana pasada el pleno de Diputados aprobó con 390 votos a favor la propuesta, que pasó al Senado para su discusión. El registro será, de aprobarse, una base de datos con información de las personas titulares de líneas con el fin de “colaborar con las autoridades en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos”.
Canieti presentó 15 argumentos en su pronunciamiento en contra de la medida. Indicó que, primero, no contribuirá a reducir los niveles de inseguridad sino que tendrá el efecto contrario, “sobre todo en el caso de prepagos”. También recordó que en 2009 se creó un registro similar llamado Renaut que hoy está extinto porque se utilizaba indebidamente y se filtró información.
“No existe en el país registro alguno que pueda contener mayor cantidad de información sensible de los particulares, además de información personal y hábitos de consumo que pueden determinar la capacidad económica de las personas”, mencionó el escrito en el que luego se advirtió que “habrá una presunción legal de que un usuario registrado es responsable del uso del aparato”.
También consideró que es una medida de “compleja” implementación porque cada concesionario tiene su propia plataforma, y que, además, su aplicación detendrá la penetración móvil en el país porque parte de la población “no necesariamente tiene un comprobante de domicilio como el que se solicita”.
Canieti agregó otro punto a debatir: “La competencia del IFT es regular el sector, no así cualquier actividad de tipo operativo que implica involucrar a terceros en el tema, con posibles puntos adicionales de vulnerabilidad en el resguardo de la confidencialidad de la información”. En estas condiciones el proyecto llegará al Senado para su discusión, tras un acalorado debate en Diputados que incluyó cambios en la propuesta inicial.
