 De acuerdo con la prensa brasileña, la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abrió un proceso administrativo contra Vivendi, para determinar si la empresa incurrió en irregularidades durante la operación de adquisición del operador de telecomunicaciones GVT. La decisión fue tomada por CVM luego de concluir que la transacción podría haberse valido de “brechas” en la legislación brasileña, pero además el grupo francés también podría haber cometido algunas fallas de comunicación a los inversores, “que resultó en manipulación del mercado”, según información del diario brasileño Valor Econômico.
Cabe recordar que Vivendi cerró la compra de GVT a mediados de noviembre, cuando definitivamente le ganó la pulseada al Grupo Telefónica, que también tenía interés en apropiarse de GVT. Luego de una oferta inicial de la compañía francesa de 42 reales (22,7 dólares) por acción, el grupo español ofreció un mejor precio e incluso posteriormente lo mejoró, llegando a 50,5 reales (27,4 dólares) por acción. Pero finalmente, y de un modo sorpresivo, Vivendi presentó una propuesta que contemplaba un precio de 56 reales (30,4 dólares) por acción, y fue ésa la oferta que aceptaron los grupos Swarth Investments Holding y Global Village Telecom Holland, controladores de GVT.
Luego de la adquisición de la participación de los grupos controladores, Vivendi —a través de ofertas públicas de adquisición (OPA)— logró concentrar el 99,17 por ciento del capital total de GVT, a fines de abril de este año. El operador, ya en manos de los franceses, anunció e inició agresivos planes de expansión de sus operaciones fijas a nuevos territorios dentro de Brasil. Sin embargo, desde la empresa descartaron la posibilidad de avanzar sobre el sector móvil con infraestructura propia al negar una posible participación de su parte en las subastas de espectro. En este segmento, GVT optará por una estrategia de MVNO, según adelantaron recientemente fuentes de la compañía.
La agencia de noticias Reuters señala que, en caso de probarse que hubo maniobras fraudulentas en la adquisición de GVT, Vivendi podría ser condenada a pagar una multa de hasta el 50 por ciento del valor de la transacción. El monto final de la sanción podría variar entre 700 millones de reales (380 millones de dólares) y 3.000 millones de reales (1.627 millones de dólares). Hasta el momento, la CVM no emitió declaraciones sobre el caso.
Por su parte, la Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) dijo no haber recibido notificación de CVM sobre posibles irregularidades. Ronaldo Sardenberg, presidente del regulador, dijo a O Estado de São Paulo que generalmente, cuando ocurre un problema de esta índole, CVM informa a Anatel, pero que hasta el momento no han recibido aviso de esta entidad.
Expertos del mercado citados por la prensa brasileña consideran que CVM podría incluso obligar a Vivendi a deshacer la OPA con la cual la compañía adquirió los papeles que estaban en circulación en el mercado. Sin embargo, esta medida extrema aparece como una posibilidad remota, ya que no hay antecedentes de casos similares donde el ente haya adoptado una decisión semejante.
En ese caso extremo, de todos modos, Vivendi no perdería el control de GVT, pero las acciones del operador, que inició el proceso para ser deslistado del mercado de valores a solicitud de Vivendi, volverían a cotizar en bolsa.
El principal cuestionamiento hacia Vivendi sería un comunicado emitido por la compañía hacia fines del año pasado, en el cual se daría a entender que la empresa ya había adquirido el control de GVT. Se sospecha que en la práctica, Vivendi todavía no tenía el control del operador al momento de emitir el comunicado, y que esa información afectó negativamente a la propuesta que Telefónica pretendía realizar.
Así, podría entenderse que el comunicado creó condiciones artificiales de demanda, oferta o precios, o que incurrió en manipulación de precios o uso de prácticas no competitivas, lo que es punido por la regulación brasileña.
De momento, tampoco Vivendi se expidió públicamente sobre el tema. |
